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RAFAEL CORTAZAR SERNA    /

 

Acapulco, 24 de febrero de 2018

Nestora Salgado, candidata al Senado por el partido político Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), cuestionada fuertemente por los lideres priistas por su participación en la Policía Comunitara de de la CRAC-PC, es una mujer polémica, protagonista de una lucha que desde hace años han emprendido los pueblos originarios de Guerrero contra la delincuencia y el crimen organizado (que el Estado ha abandonado desde hace años para convertirse en cómplice y protector de estos grupos delincuenciales).

Al incorporarse a la policía comunitaria de la CRAC-PC en el Municipio de Olínala, dicha institución funcionaba y funciona en un marco de legalidad amparada por los tratados internacionales suscritos por el gobierno mexicano y la Ley 701, aprobada por el Congreso del estado durante el gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo, misma que permite a detener y procesar delincuentes por usos y costumbres de los pueblos originarios.

Nestora fue detenida y procesada por el régimen político estatal, siendo gobernador Ángel Aguirre Rivero, abriéndose en su contra otras 14 averiguaciones previas por diversos delitos. Las acusaciones fueron hechas por delincuentes que fueron procesados por la justicia comunitaria por diversos delitos cometidos en sus comunidades; pero sobre todo por el gobierno municipal priista del municipio de Olinalá, encabezado por Eusebio González Rodríguez, actual diputado local con licencia y candidato a una diputación federal, y el entonces síndico procurador Armando Patrón Jiménez, acusada de secuestro por este último cuando fue detenido y acusado de Abigeato por la comandante Nestora, en Guerrero.

La actividad de la policía comunitaria de Olinalá de la que Nestora fue comandante. molestó al gobierno en turno, toda vez que combatieron férreamente delitos como abigeato, narcomenudeo, robo, extorsión y secuestro, cometidos por grupos delictivos protegidos por los gobiernos en sus tres niveles. El gobernador Ángel Aguirre  no pudo corromper ni comprar la dignidad ni la voluntad de la ”comandante Nestora”, según lo dicho por ella misma en entrevista concedida desde la cárcel a Carmen Aristegui en CNN México el 8 de diciembre del 2015 cuando refiere que: “El hecho de estar aquí lo atribuyo a no haber aceptado el dinero que el gobierno me ofrecía”, dijo Nestora en entrevista, la exlíder comunitaria dijo que el gobierno de Guerrero le ofreció 3 millones de pesos para que se hiciera a un lado.

Lo hizo mediante Eliseo Villar, el entonces coordinador de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, quien, según Nestora, era próximo al entonces gobernador Ángel Aguirre. “Me ofrecieron el dinero para que yo no crezca como policía comunitaria y no me meta en más casos graves”, contó Salgado.

Poco después el mismo personaje le ofreció 7 millones de pesos que tampoco aceptó, por lo tanto las consecuencias fueron funestas: fue detenida por el Ejército y la Marina en agosto de 2013, sin orden de aprehensión,  y recluida a un penal de máxima seguridad en el Cefereso 4 Noroeste de Tepic Nayarit, en pésimas condiciones, pasando 23 horas al día sin ver la luz del sol, prácticamente incomunicada, sin derecho a que sus familiares  le pasen medicamentos viéndose obligada a comer alimentos descompuestos y en los últimos meses fue trasladada a un un penal de la Ciudad de México ya en mejores condiciones, con derecho a visitas médicas, tratamiento y medicinas y visitas familiares.

Como comandante de la CRAC-PC, Nestora denunció en mesas de trabajo con autoridades civiles y militares los vínculos de miembros del Ayuntamiento de Olinalá, con la delincuencia organizada. Al mismo tiempo de ser detenida durante el Gobierno de Ángel Aguirre, el ex gobernador organizaba y protegía la evasión del ex alcalde de Tlapa, Wily Reyes Ramos, acusado de homicidio del diputado Federal Moisés Villanueva de la Luz.

El juez federal José Luis Arroyo Alcántara, del primer tribunal unitario del vigésimo primer circuito con sede en Chilpancingo, descartó en marzo de 2014 la acusación por secuestro y delincuencia organizada que le inició la Procuraduría de Justicia del Estado de Guerrero y determinó que en las acciones que le son cuestionadas, la coordinadora comunitaria actuó conforme a las facultades establecidas en la Ley 701 de reconocimiento, derechos y cultura de los pueblos y comunidades indígenas del Estado, que regula la actividad de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias a la que pertenecía la Policía Comunitaria de Olinalá.

El juez Arroyo Alcántara estableció que las acciones de Nestora fueron actos de autoridad, no actos delictuosos. No obstante lo anterior, la Fiscalía del Estado a cargo de Iñaqui Blanco Cabrera y posteriormente de Miguel Ángel Godínez Muñoz sostuvieron las acusaciones contra Nestora, con la complacencia y complicidad del Tribunal Superior de Justicia del estado de Guerrero

La comandante Nestora fue liberada el 18 de marzo de 2016 durante el actual gobierno de Héctor Astudillo Flores, usando para ello deficiencias procesales o fallas en el cumplimiento de un formalismo, como es el no avisar de la captura al consulado estadunidense debido a la doble ciudadanía de la comandante Nestora y no por el reconocimiento de su inocencia, lo que dejaría muy mal parado al gobierno del estado y su sistema de procuración y administración de justicia. Los jueces primero y segundo del ramo penal de Tlapa, sustentaron la reposición de todo el procedimiento, lo que a su vez facilitó su liberación

 

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