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* El promotor de la CRAC-PC cumplirá 4 años en prisión acusado de delitos falsos, señalan

REDACCIÓN   /

 

Ayutla de los Libres, 27 de noviembre de 2018. Representantes de organizaciones defensoras de derechos humanos visitaron en su prisión al activista y promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), Arturo Campos Herrera, y demandaron su inmediata liberación.

La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”, Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (Ceteg), el Movimiento Popular Guerrerense, el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, el Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos “José María Morelos y Pa-vón” y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, participaron en esta visita y dieron a conocer que lanzarán una campaña nacional e internacional para exigir la liberación del defensor na savi que el 1 de diciembre cumplirá cuatro años en prisión.

Foto cortesía de Tlachinollan.

En una visita conjunta al Centro de Reinserción Social (CERESO) de Ayutla de los Libres, Guerrero, representantes de las organizaciones civiles y sociales realizaron una visita al defensor comunitario, quien, señalaron, en 2013 fue detenido de manera arbitraria acusado falsamente de robo, delincuencia organizada y secuestro.

En un comunicado conjunto emitido por las organizaciones, se establece que a través de dos amparos, Tribunales Federales han declarado su inocencia en tres de las cuatro causas penales abiertas en su contra. Actualmente está pendiente sólo el proceso por el delito de secuestro en agravio de 43 personas, que se ventila ante el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Morelos con residencia en Tlapa de Comonfort bajo la Causa Penal 196/2013-I-A. Dicho proceso se encuentra en la etapa del cierre de instrucción y a la espera de la audiencia de vista para la posterior sentencia definitiva.

“En este proceso Arturo Campos se ha careado con los 43 supuestos agraviados, y ninguno ha sostenido su dicho frente al defensor comunitario, reconociendo que era la primera vez que lo veían, que no les pidió dinero y mucho menos los privó de la libertad. De igual forma, reconocieron que el tiempo en que estuvieron en reeducación, nunca intercambiaron palabra alguna con el defensor na savi y que en ningún momento lo acusaron de haberlos secuestrado”, señala el documento.

Así mismo, precisan las organizaciones, “se ha probado la calidad de Arturo Campos Herrera como Consejero de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) por lo que en todo caso, las retenciones realizadas fueron en su calidad de autoridad comunitaria bajo el sistema comunitario que tiene un marco normativo que lo reconoce y le da legalidad y legitimidad, a través de la Ley 701 de Re-conocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero”.

“Ante la fabricación de los delitos, y evidente inocencia del defensor de derechos humanos, organizaciones reconocidas a nivel nacional e internacional realizamos una visita a Arturo Campos para anunciar que el próximo 30 de noviembre, junto con la organización internacional AVAAZ iniciaremos la Campa-ña Internacional !Libertad para Arturo! La cual -a través de diversas partes del mundo- unirá las voces que claman la libertad del defensor comunitario”, agregan.

Las ONG expresaron su preocupación por el no reconocimiento, protección y respeto a los sistemas normativos internos de las comunidades indígenas y el uso faccioso del sistema de justicia para criminalizar a los defensores comunitarios.

Por tanto exigieron la inmediata e incondicional libertad de Campos Herrera; cese a la criminalización contra defensores en Guerrero; y respeto a los sistemas normativos de las comunidades indígenas.

Al Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Morelos con sede en Tlapa, Guerrero, que lleva la causa, lo exhortaron a que dicte una sentencia conforme a los principios de imparcialidad e independencia, con la debida perspectiva intercultural y conforme a los estándares nacionales e internacionales más altos en materia de derechos humanos.

 

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