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* Presenta el ejido una denuncia ante Profepa por devastación de 7,200 metros cuadrados de pino-encino

REDACCIÓN    /

 

Xochistlahuaca, Suljaa´, 22 de marzo de 2018. El presidente del Comisariado Ejidal de Xochistlahuaca, Eliseo López Arango, presentó una denuncia en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) contra el ayuntamiento presidido por la alcaldesa Aceadeth Rocha Ramírez, por la devastación de 7 mil 200 metros cuadrados de bosque de pino-encino.

Esta zona, de acuerdo con la denuncia, pretende ser utilizada para un proyecto de distribución de agua potable con el que la presidenta municipal “insiste en lucrar política y económicamente”.

La denuncia se presentó en ocasión de conmemorarse el Día Mundial del Agua, y contó con el aval de la asamblea general de ejidatarios y el comité y usuarios del agua potable de la comunidad de Arroyo Grande, así como de la Comisión en Defensa del Territorio Sujaa´.

El 9 de marzo pasado, el comisario ejidal junto con unas 100 personas entre ejidatarios, vecinos y usuarios del agua de Arroyo Grande, clausuraron los trabajos que estaba haciendo el Ayuntamiento en esa población, debido a que no contaba con la aprobación de la asamblea general de ejidatarios.

López Arango señaló que esa omisión constituye una violación a los derechos agrarios y colectivos al territorio, a la consulta previa y a la libre determinación de los pueblos.

Aseguró que en realidad lo que busca la alcaldesa con estas obras, es despojar del agua al ejido, lo cual ya intentó en Rancho del Cura en 2017 y en Plan de Guadalupe en enero de este año, y donde los pobladores no se lo permitieron.

El dirigente ejidal precisó que la zona devastada, había sido destinada por un acuerdo de asamblea ejidal, a la conservación, restauración y aprovechamiento como parte del reordenamiento territorial aprobado por la asamblea en 2010. Dijo que en esta región nacen los arroyos y manantiales que dan vida a los pueblos Nn´anncue Ñomndaa, hijos e hijas del maíz que hablan la palabra del agua y que es habitada por animales de diferentes especies protegidas.

En la demanda, los ejidatarios demandan la imposición de medidas de seguridad y sanciones administrativas previstas en la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Ley de Protección al Ambiente y, en  su caso, dar vista al Ministerio Público si existe la comisión de algún delito ambiental.

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