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* Dirigente sindical acusa al gobierno del alcalde Alberto de los Santos y al Tribunal de Conciliación y Arbitraje de violar un amparo federal concedido a los trabajadores

REDACCIÓN  /

 

Acapulco, 10 de febrero de 2019.  Un total de 39 trabajadores que se encontraban en huelga desde hace más de dos meses, para reclamar el pago de sus salarios, fueron desalojados del acceso del Palacio Municipal de Coyuca de Benítez, en la región de Costa Grande.

Nemesio García Maldonado, secretario general del Sindicato Estatal de Trabajadores Administrativos y de Intendencia del Estado y Municipios de Guerrero, acusó que con esta acción, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje y el alcalde de Coyuca de Benítez, Alberto de los Santos Díaz, violaron un amparo federal que protegía a los trabajadores.

En conferencia de prensa, el dirigente sindical informó que el pasado 6 de febrero, un actuario de ese tribunal se presentó con la fuerza pública a levantar la huelga, y de manera violenta retiraron los candados y cadenas de las puertas del Palacio Municipal, así como las banderas roji-negras.

Durante el desalojo, indicó que no salieron heridos los trabajadores, porque él al tener conocimiento de los hechos, les dijo que no se resistieran y se retiraran del lugar, por su seguridad.

Denunció que el retiro de la huelga lo ejecutó un actuario “no obstante de que un juez federal dejó sin efecto un acuerdo que la consideraba ilegal, pero en cambio, no acudió a cumplir un acuerdo de fecha 7 de noviembre de 2018 dictado por el Tribunal para el estallamiento de huelga, lo que denota su ilegal y parcial actuación”.

“La huelga que llevaban a cabo los trabajadores de Coyuca de Benítez afiliados a la sección 12 del Sindicato, fue por la falta de pago de sus salarios y su derecho humano al trabajo, ya que el artículo 15 de la Ley del Trabajo número 51 que regula a los ayuntamientos establece que en ningún caso el cambio de funcionarios de los municipios modificará la situación de los trabajadores”, dijo.

García Maldonado señaló que les preocupa el contubernio que puede existir entre el alcalde de Coyuca, Alberto de los Santos y el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, ya que durante el desalojo, el actuario les dijo que se volverá a dictar un acuerdo para declarar ilegal la huelga, lo cual es extraño que lo asegure antes de existir una resolución.

Por lo tanto, pidió al alcalde de Coyuca rectificar su proceder, ya que “el derecho al salario, al trabajo y a la huelga ante la falta de pago salarial, además de ser un derecho constitucional, por estar previsto en el artículo 123, apartado B, fracción X de la Constitución, también es un derecho humano por estar protegido por el artículo 23 de la Declaración Universal de los derechos humanos”.

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