Compartir

 

* Hubo torturas contra los comuneros, constatan los miembros de la misión internacional

* Hay una persecución originada en la lucha contra La Parota y contra la Policía Comunitaria, advierten

REDACCIÓN   /

 

Acapulco, 05 de octubre de 2018. El gobierno de Guerrero ha desatado una persecución contra los campesinos que desde hace 15 años luchan contra la presa La Parota y contra la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC), advirtieron los miembros de una misión de la organización humanitaria Servicios Internacional para la Paz (Sipaz), Tommy van Straten y Alberto Solís Castro.

Ambos hicieron este viernes una visita al interior del penal de Las Cruces y se entrevistaron con 16 de los 19 campesinos de los bienes comunales de Cacahuatepec que se encuentran en prisión como resultado del operativo policiaco ocurrido el 7 de enero pasado donde fueron ultimados por la policía estatal, tres policías comunitarios.

Les acompañaba el abogado Rogelio Téliz García, abogado del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan y una comitiva de Brigadas Internacionales de Paz que se mantuvo a cierta distancia de los reporteros.

Van Straten relató que los comuneros presos –entre ellos los hermanos Marco Antonio y Vicente Suástegui Muñoz- relataron la tortura a que fueron sometidos en el momento de su detención, cómo después les negaban la comida. Relató que los dos campesinos que fueron detenidos en las últimas semanas se encuentran segregados del resto de sus compañeros.

Señalaron que si bien tienen algunos problemas relacionados con las llamadas que tienen derecho a hacer para estar en contacto con sus familiares, su estado físico ahora es mejor que el de hace algunos meses.

Por su parte, Téliz García señaló que el proceso de su defensa va avanzando, y el 26 de octubre habrá una audiencia pública donde se espera que sean liberados, como ya lo hizo un grupo de ocho comuneros a quienes no se les pudo acreditar las impugnaciones. Dijo que se tiene que aplicar el mismo criterio con el que fueron liberados sus compañeros, y confió que en ello el resto pueda también salir en libertad. Sin embargo cuestionó que a nueve meses de haber sido detenidos, no se les haya aplicado el protocolo de Estambul para determinar la tortura de que fueron objeto.

Señaló en cambio que hay 50 órdenes de aprehensión contra igual número de comuneros que, dijo, están siendo perseguidos por el gobierno. Téliz García señaló que la persecución contra la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias se puede ver en el encarcelamiento de sus líderes Gonzalo Molina, Arturo Campos, los 16 de El Paraíso, y los 25 que fueron inicialmente detenidos en La Concepción.

Dijo que eso ocurre a pesar de que la CRAC-PC está amparada en la Ley 701, es reconocida como una institución que surge de las asambleas comunitarias, mientras que a otras organizaciones, como la Upoeg, que tiene un origen distinto, se le permite operar con tranquilidad, e incluso se le utiliza para que haga detenciones y entregue a los detenidos al ministerio público.

Dejar una respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here