- Piden enjuiciar al excomisario de la Policía Federal, Enrique Galindo Cevallos, y al expresidente Enrique Peña Nieto, por el operativo que derivó en su muerte durante protestas por Ayotzinapa en Tlapa
REDACCIÓN /
Tlapa, 07 de junio de 2025. A una década del asesinato del joven luchador social Antonio Vivar Díaz, cometido durante un operativo de la Policía Federal en Tlapa, no existe un solo funcionario procesado ni avances significativos en la investigación. Así lo denunciaron este viernes sus familiares y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, quienes responsabilizan directamente al excomisario general Enrique Galindo Cevallos y al expresidente Enrique Peña Nieto de haber ordenado y ejecutado un despliegue violento que terminó con la vida del activista.
“Creímos que con la llegada de un gobierno progresista y las cuestionadas actuaciones y actos de corrupción de la extinta Policía Federal, el caso del joven dirigente tomaría otro rumbo y tendría justicia, pero a la fecha permanece la impunidad”, señala el pronunciamiento firmado por los familiares de Vivar y Tlachinollan.
El 7 de junio de 2015, en el marco del boicot electoral promovido por el Movimiento Popular Guerrerense (MPG) tras la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Vivar fue asesinado de un disparo en el pecho. La bala, aseguran testigos y organizaciones, fue disparada desde el interior de la capilla de la colonia El Tepeyac, donde estaban retenidos varios policías federales.
Ese día, habitantes de la colonia cercaron a los federales tras la detención y traslado de varios profesores de la CETEG al 93 Batallón de Infantería en Tlapa y en helicóptero al penal de Acapulco. Por la noche, en medio del rompimiento del cerco por parte de los policías, uno de los disparos terminó con la vida del joven activista.
“La Fiscalía de Guerrero perdió varios indicios valiosos como elementos balísticos recabados en el lugar del asesinato”, acusa el boletín. Además, ministerios públicos de la entonces Procuraduría General de la República omitieron denunciar actos de tortura cometidos contra manifestantes detenidos ese día. Algunos de estos funcionarios fueron procesados por dichas omisiones.
“La FGR mantiene en reserva la indagatoria, pese a que varios datos de prueba establecen que los policías que se encontraban al interior de la capilla le habrían disparado a Antonio Vivar”, denuncian. A diez años, ningún policía ha sido procesado ni sancionado.
Por ello, los familiares de Vivar y el Centro Tlachinollan demandaron que “se agilicen las investigaciones y se sancione a los policías responsables de haber asesinado a Antonio Vivar.”
Asimismo piden que “se procese y castigue con todo el peso de la ley al entonces comisario general de la Policía Federal, Enrique Galindo Cevallos.. se investigue al presidente Enrique Peña Nieto por haber dado la orden para el operativo de los días cinco y siete de junio en Tlapa, que derivó en el asesinato de Antonio Vivar.”
