Familiares de Arturo Hernández Cardona rechazan suspensión que frena condena a José Luis Abarca
- La Red Solidaria Década contra la Impunidad exige una sentencia justa, la restitución de medidas cautelares y garantías de seguridad para las hijas y la viuda del activista asesinado en Iguala en 2013
REDACCIÓN /
Ciudad de México, 29 de septiembre de 2025.— La familia de Arturo Hernández Cardona, dirigente de la Unidad Popular asesinado extrajudicialmente en Iguala, Guerrero, en 2013, expresó su rechazo a la suspensión provisional otorgada al exalcalde José Luis Abarca Velázquez en el amparo directo contra la condena de 92 años y seis meses de prisión por el secuestro de siete activistas sociales, entre ellos el propio Hernández Cardona.
En un comunicado difundido por la Red Solidaria Década contra la Impunidad (RSDCIAC), las hijas y la viuda del dirigente recordaron que la medida fue concedida el 11 de agosto por el Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas. Esa decisión mantiene “congelada” la sentencia dictada en mayo de 2023 y confirmada en apelación, aunque aclararon que Abarca no quedará en libertad porque también fue sentenciado por el homicidio del síndico Justino Carvajal Salgado y enfrenta otros procesos.
Pese a ello, advirtieron que la suspensión puede convertirse en una grieta hacia la impunidad. “Conminamos a los magistrados responsables de este amparo a elaborar una sentencia justa, ya que siete activistas sociales fueron desaparecidos y tres de ellos fueron ejecutados extrajudicialmente, entre ellos Arturo Hernández Cardona”, sostuvieron .
La familia subrayó que el caso permanece abierto en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en espera de un informe de fondo, lo que implica que sigue bajo escrutinio internacional. En contraste, denunciaron que el Estado mexicano retiró desde hace más de un año las medidas cautelares que la CIDH había otorgado a María Soledad Hernández Mena, hija del activista y defensora de derechos humanos, y urgieron a que sean restablecidas. “El Estado quiere que la CIDH dé por concluidas esas medidas, pero la seguridad de la familia está en riesgo”, recalcaron.
En el boletín también se hizo un llamado a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para instalar una mesa de trabajo que atienda de manera directa la situación de seguridad de la viuda, Carolina Mena Marchan, y de las tres hijas del activista. La organización que acompaña el caso sostuvo que el gobierno federal no puede desentenderse de su responsabilidad en la protección de las víctimas indirectas.
Finalmente, los familiares responsabilizaron al Estado mexicano de cualquier daño a la integridad física y psicológica de las hijas, de la viuda y de los propios integrantes de la Red Solidaria Década contra la Impunidad. “La vida de quienes denuncian sigue bajo amenaza y el Estado debe responder por ello”, advirtieron.
