Diputada propone elevar a la Constitución la obligación de contar con personal de salud mental en los 85 municipios de Guerrero
- La iniciativa busca cobertura equitativa en zonas urbanas, rurales e indígenas; el PRI se adhirió a la propuesta
Acapulco, 14 de noviembre de 2025. La diputada Erika Lorena Lührs Cortés, de Movimiento Ciudadano, presentó una iniciativa de reforma al artículo sexto de la Constitución de Guerrero para obligar al Estado a garantizar personal especializado en salud mental en los 85 municipios. La propuesta plantea cobertura progresiva, con énfasis en zonas rurales, indígenas y de alta marginación, donde el acceso a atención psicológica o psiquiátrica es prácticamente inexistente.
La Secretaría de Salud estatal reporta un crecimiento del 134% en las consultas de salud mental en tres años, con ansiedad, depresión y estrés como diagnósticos recurrentes entre mujeres. La legisladora advirtió que la salud mental “no puede seguir siendo ignorada ni oculta” y que debe dejar de tratarse solo como un asunto asociado a las adicciones, como actualmente lo establece la Ley General de Salud.
Lührs recordó que el Congreso de la Unión aprobó esta semana reformas a los artículos 72 y 73 de la Ley General de Salud para fortalecer los servicios de atención en salud mental, lo que obliga a las entidades a armonizar su marco normativo. En ese contexto, su iniciativa busca que Guerrero asegure la disponibilidad progresiva de especialistas y deje de depender del voluntariado o de programas temporales. El Grupo Parlamentario del PRI se adhirió a la propuesta.
En 21 estados, incluido Guerrero, la disponibilidad es de uno o ningún psiquiatra por cada 100 mil habitantes.
Para 2025, además, la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones tuvo un recorte del 13%, mientras la inversión en salud mental se mantiene entre 1.3% y 2% del presupuesto de salud, por debajo del 5% recomendado por la OMS.
La diputada subrayó que la falta de cobertura afecta especialmente a niñas, niños y adolescentes. En México, 12% de los menores de 10 a 19 años presenta algún trastorno mental, cifra que aumentó tras la pandemia. La violencia escolar, el acoso, el uso excesivo de tecnologías digitales y la falta de apoyo emocional incrementan los riesgos.
Casos recientes —como el intento de suicidio de una niña de ocho años en la Costa Chica, sin personal especializado en su municipio— muestran la urgencia de contar con servicios accesibles en todas las regiones.
La iniciativa implica:
• Incrementar plazas de residencia para psiquiatría.
• Formar psicólogos clínicos y enfermeros psiquiátricos.
• Otorgar becas y estímulos a estudiantes de estas áreas.
• Establecer incentivos salariales para especialistas que trabajen en zonas marginadas.
• Crear una plataforma estatal de telepsiquiatría y telepsicología.
• Establecer protocolos de atención obligatorios en todos los centros de salud.
• Coordinar a dependencias de salud, educación y bienestar en programas de prevención.
• Blindar el presupuesto anual destinado a salud mental.
La propuesta fue turnada a las Comisiones de Estudios Constitucionales y Jurídicos y de Salud para su análisis y dictamen.
