• Lo verdaderamente grave no es únicamente el daño infligido a Venezuela, sino lo que este caso anuncia para el sistema internacional en su conjunto. Estamos asistiendo al derrumbe práctico del derecho internacional como marco vinculante
JOSÉ CARLOS LUQUE BRAZÁN /
Ciudad de México, 6 de enero de 2026. Vivimos tiempos canallas y de canallas. No son el producto de ocurrencias ni de errores, son el fruto de una intencionalidad política que los ha configurado. Hay tres momentos que trazan el contorno de las relaciones internacionales de poder, dominación y hegemonía en América Latina y más allá, ejercidas por los imperios contemporáneos: Estados Unidos, Rusia, China y, quizás, la India. No son episodios aislados ni simples accidentes de la historia: son rupturas que anuncian cambios de época.
El primero ocurrió cuando los aviones bombardearon el Palacio de La Moneda durante el golpe de Estado contra el gobierno de la Unidad Popular en Chile. Aquella imagen selló el fin de la ilusión de que la democracia podía ser respetada si desafiaba intereses estructurales. El mensaje fue inequívoco: la soberanía era tolerable mientras no incomodara. El derecho internacional, entonces, guardó silencio; la fuerza habló. Después vino el neoliberalismo y esas estafas políticas que llamamos “transiciones a la democracia”.
El segundo momento fue el ataque a las Torres Gemelas. A partir de ahí, el mundo ingresó en una era en la que la excepción se convirtió en regla. La “guerra contra el terrorismo” legitimó invasiones preventivas, detenciones indefinidas y un orden global gobernado por la seguridad. La legalidad internacional quedó subordinada a la lógica del enemigo. El poder se reservó el derecho de decidir cuándo la ley aplicaba… y cuándo no. El campo de concentración de Guantánamo fue una excelente opción para acabar con los opositores más radicales.
El tercer momento es el bombardeo de Caracas y el secuestro del presidente Nicolás Maduro por parte del gobierno de los Estados Unidos, dirigido por Donald Trump. Más allá de cualquier disputa que pueda rodear estos hechos, su significado político es claro: la consolidación de una etapa en la que la coerción directa vuelve a presentarse como instrumento legítimo de política exterior frente a gobiernos no alineados con la ultraderecha estadounidense, como Venezuela.
Estos tres hitos comparten una misma gramática: cuando el poder se siente amenazado, la norma se suspende. La democracia, el derecho internacional y los derechos humanos dejan de ser límites y pasan a ser recursos retóricos. Se invocan para los aliados; se ignoran para los adversarios. Así, el orden basado en reglas se convierte en un orden basado en permisos. La fuerza se transforma en la productora de los derechos en la era de Donald Trump.
Estamos, efectivamente, ante un cambio de época. No porque hayan desaparecido los tratados o las instituciones, sino porque han dejado de ser vinculantes para los más fuertes. América Latina vuelve a ser tratada como zona de influencia y no como un conjunto de Estados soberanos. La lealtad pesa más que la legalidad; la alineación más que el voto; la fuerza más que la palabra; la sumisión más que la dignidad de las soberanías nacionales.
Por eso el problema no es solo Venezuela. Es un problema hemisférico, civilizatorio. Es el precedente. Si el bombardeo, el bloqueo o la captura de un jefe de Estado pueden normalizarse —o justificarse—, entonces el mensaje es global: el derecho internacional ya no protege, administra. Y cuando administra, lo hace jerárquicamente.
La historia enseña que los cambios de época no siempre se anuncian con discursos; a veces llegan con aviones. La Moneda, las Torres Gemelas y Caracas marcan estaciones de una misma ruta: la del retorno del imperio sin máscaras. La pregunta que queda abierta no es si estamos ante ese retorno, sino qué harán los pueblos cuando las reglas dejen definitivamente de regir para todos por igual.
Durante décadas, el derecho internacional fue presentado como el gran dique de contención frente al uso arbitrario de la fuerza. Tratados, organismos multilaterales y discursos sobre derechos humanos prometían un orden mundial regulado por normas y no por cañoneras. Hoy, esa promesa se desvanece a la vista de todos. Lo que ocurre con Venezuela no es un “caso aislado” ni un “conflicto regional”: es un síntoma brutal del retorno del imperio como forma dominante de las relaciones internacionales.
La agresión sostenida contra Venezuela —económica, diplomática, mediática y, cada vez con menos pudor, militar— revela que el orden internacional basado en reglas ha sido sustituido por un orden basado en la fuerza. Sanciones unilaterales, bloqueos financieros, amenazas abiertas y operaciones encubiertas se aplican al margen de cualquier legalidad multilateral. No hay resoluciones de la ONU que lo avalen, no hay consenso internacional genuino, no hay debido proceso. Hay poder. Y el poder decide.
Este giro no comenzó ayer, pero se ha vuelto obscenamente explícito con el trumpismo. Bajo el liderazgo de Donald Trump, Estados Unidos abandonó incluso la retórica liberal que durante años maquilló su política exterior. Ya no se invoca la “democracia” como horizonte universal, sino la “seguridad nacional”. Ya no se disimula la coerción: se celebra. El mensaje es claro: quien no se alinea, paga. Ser disidente del proyecto trumpista equivale a ser nombrado terrorista o narcotraficante. La ultraderecha lava las ganancias del narcotráfico de los hombres blancos y anglosajones, mientras la izquierda pone los cuerpos y las víctimas del imperio. Estamos en la época de los post-derechos.
Venezuela encarna hoy el laboratorio de esta nueva etapa imperial. No porque su gobierno sea perfecto —ningún Estado lo es—, sino porque representa un límite simbólico y político a la lógica de subordinación. El castigo contra Venezuela y contra Maduro no es por violar normas internacionales, sino por desafiar jerarquías geopolíticas. La lección es ejemplar y disciplinadora: la soberanía es tolerada solo cuando no incomoda. Maduro es secuestrado y juzgado en una corte de Nueva York, pero hay una buena noticia: el precio del petróleo en la bolsa de Nueva York ha subido. Buenas noticias para el imperio.
Lo verdaderamente grave no es únicamente el daño infligido a Venezuela, sino lo que este caso anuncia para el sistema internacional en su conjunto. Estamos asistiendo al derrumbe práctico del derecho internacional como marco vinculante. Las sanciones unilaterales —ilegales según el propio derecho internacional— se normalizan. El bloqueo económico, que afecta directamente a la población civil, se justifica como herramienta legítima. La excepción se convierte en regla.
Este retorno del imperio tiene consecuencias profundas para América Latina. La región vuelve a ser tratada como zona de influencia. Los gobiernos que no se alinean enfrentarán la desestabilización y la furia naranja trumpiana; los que obedecen reciben préstamos del Fondo Monetario Internacional, impunidad e indulgencia. No se evalúan políticas públicas, no valen los principios, los derechos humanos son arrojados al basurero de la historia. Lo que se mide son lealtades. La democracia, en este esquema, deja de ser un principio y se convierte en una coartada selectiva, en una estafa o, en el mejor de los casos, en una ilusión orwelliana.
Estamos presenciando el agotamiento de una época en la que los derechos humanos funcionaban —al menos discursivamente— como límite al poder. Hoy, esos derechos son invocados o ignorados según convenga. Se condenan violaciones en países adversarios y se silencian en aliados estratégicos. El resultado es una profunda deslegitimación del lenguaje de los derechos, convertido en instrumento de guerra política.
Venezuela, en este contexto, no es solo un país bajo asedio: es un espejo incómodo del mundo que viene. Un mundo donde las reglas se aplican a los débiles y se suspenden para los fuertes. Donde la diplomacia cede terreno a la intimidación. Donde el multilateralismo es reemplazado por la lógica del ultimátum.
La pregunta de fondo ya no es qué pasará con Venezuela, sino qué quedará del sistema internacional si este patrón se consolida. Si el derecho internacional deja de ser vinculante y los derechos humanos se transforman en retórica instrumental, entramos en una era de relaciones internacionales gobernadas por la fuerza desnuda. No es el “nuevo orden mundial”: es, sencillamente, el viejo imperio regresando sin máscaras. Y cuando el imperio regresa, no lo hace solo contra un país. Lo hace contra la idea misma de que los pueblos pueden decidir su destino sin pedir permiso
