• La Corte la protege frente al Congreso de Guerrero y la Auditoría Superior del Estado, que buscaban revocarle el mandato y auditar recursos federales del Ramo 33
REDACCIÓN /
Ciudad de México, 14 de enero de 2026.— El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó las suspensiones concedidas a la presidenta municipal de Acapulco, Abelina López Rodríguez, con las que se mantiene detenido un proceso de revocación de mandato impulsado desde el Congreso de Guerrero y una auditoría promovida por la Auditoría Superior del Estado de Guerrero sobre el presunto manejo irregular de 898 millones de pesos en recursos federales.
Por unanimidad, ministras y ministros declararon infundados cuatro recursos de reclamación promovidos por el Poder Legislativo local y la Auditoría Superior del Estado contra los acuerdos que admitieron las controversias constitucionales 174/2025 y 176/2025, así como las medidas cautelares otorgadas desde junio de 2025 a favor de la alcaldesa.
Los proyectos, presentados por las ministras María Estela Ríos González y Sara Irene Herrerías Guerra, y por el ministro Giovanni Azael Figueroa Mejía, confirmaron la validez de las suspensiones que impiden a las autoridades estatales avanzar tanto en el juicio de revocación de mandato como en la revisión del ejercicio de recursos federales.
Las medidas cautelares fueron concedidas el año pasado por la ministra Yasmín Esquivel Mossa, respecto del intento de revocación promovido desde el Congreso local, y por el entonces ministro Javier Laynez Potisek, en relación con la auditoría solicitada por la instancia fiscalizadora estatal. Ambas suspensiones permanecerán vigentes hasta que la Corte resuelva el fondo de las controversias constitucionales.
En uno de los proyectos avalados, el ministro Figueroa Mejía sostuvo que se acredita “la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora”, al existir actos de ejecución derivados de solicitudes de información sobre recursos federales, particularmente del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, cuya fiscalización corresponde exclusivamente a la Auditoría Superior de la Federación y no a autoridades locales.
Las controversias fueron promovidas por la presidenta municipal de Acapulco a través del síndico municipal Miguel Jaimes Ramos, con el objetivo de frenar un eventual juicio de revocación de mandato y los requerimientos de información relacionados con la fiscalización de la Cuenta Pública 2023, específicamente sobre recursos del Ramo 33.
Durante la sesión, la Corte también resolvió reconocer a la Auditoría Superior del Estado de Guerrero como autoridad demandada en uno de los expedientes, sin que ello modificara el alcance de las suspensiones ya concedidas.
Con esta resolución, el máximo tribunal mantiene congeladas las acciones promovidas por el Congreso de Guerrero y la Auditoría Superior del Estado contra la presidenta municipal de Acapulco, en tanto no se emita una sentencia definitiva sobre el fondo de los asuntos.
