Carta de la ASF exhibida por Abelina no acredita inexistencia de irregularidades
- El oficio publicado, fechado en octubre de 2025, sólo cierra el seguimiento de una solicitud de aclaración, sin detallar qué se aclaró ni emitir un dictamen sobre el manejo total de recursos federales 2023
REDACCIÓN /
Acapulco, 22 de enero de 2026.- La presidenta municipal de Acapulco, Abelina López Rodríguez, difundió este jueves en redes sociales un oficio de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), fechado el 8 de octubre de 2025, al que llamó “carta liberada” y con el que afirmó que se confirma “de manera clara y concluyente” que “no existen irregularidades observadas por la ASF” en el manejo de los recursos federales del ejercicio fiscal 2023.
Sin embargo, lo que efectivamente dice el documento no coincide con el alcance que la alcaldesa le atribuye. El oficio no declara que no existieron irregularidades, no emite un dictamen de auditoría sobre el total de los recursos, ni contiene una frase que “libere” a la administración municipal de observaciones. Se trata de una notificación sobre la atención de una solicitud de aclaración específica dentro del proceso de fiscalización.
El texto oficial está identificado como “Notificación de Pronunciamiento sobre la Atención de la Solicitud de Aclaración” con clave 2023-D-12001-19-1103-03-001, vinculada a la auditoría 1103 “Participaciones Federales a Municipios”, practicada con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2023. En palabras llanas: la ASF está comunicando que dio por atendida una aclaración relacionada con esa auditoría, y con eso cierra el seguimiento de ese trámite puntual.
Un punto central es que el oficio no explica qué fue lo que se pidió aclarar. No señala el contenido de la solicitud, ni describe el asunto, ni precisa montos, obras, programas, partidas o conceptos revisados en esa aclaración. Por lo mismo, el documento no permite concluir, por sí solo, que el conjunto de los recursos federales de 2023 quedó sin observaciones.
Además, el propio oficio incluye dos frases que acotan su alcance. La primera indica que la notificación se emite “sin perjuicio de las acciones que conforme a otras disposiciones legales correspondan”. Es decir, la carta especifica que aunque se cierre ese seguimiento, pueden existir o activarse otras acciones legales o de fiscalización previstas en la ley, ya sea por la propia ASF u otras autoridades competentes, según el caso.
La segunda frase señala que la notificación “únicamente tiene efectos jurídicos para la conclusión del seguimiento que nos ocupa”. En términos simples: el efecto legal del oficio se limita a cerrar el seguimiento de esa solicitud de aclaración; no es una resolución general sobre todo lo auditado en 2023, ni una constancia de que “no hubo irregularidades”.
En su publicación de este jueves, López Rodríguez sostuvo que, como “posteriormente lo confirmó la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, los recursos federales que ejerce el municipio “únicamente pueden ser auditados por la Federación”, y volvió a acusar a la Auditoría Superior del Estado (ASE) de intentar construir señalamientos “donde no existía competencia ni facultad legal”. También señaló que medios locales difundieron una “narrativa engañosa” y remató que “hoy, tanto la ASF como la SCJN nos dan nuevamente la razón”.
Sobre ese punto, el 13 de enero de 2026, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó medidas cautelares otorgadas a la alcaldesa que la protegen, por ahora, de un juicio de revocación de mandato y de una auditoría impulsada por el Congreso del Estado y la ASE en torno al presunto manejo irregular de 898 millones de pesos en recursos federales.
En esa resolución, la Corte sostuvo que, tratándose de aportaciones federales, la fiscalización corresponde a la ASF y no a autoridades locales como la ASE, al menos mientras se resuelven de fondo las controversias constitucionales promovidas por el Ayuntamiento. Esa determinación se emitió en enero de 2026, es decir, después de la fecha del oficio de la ASF (octubre de 2025) que la alcaldesa difundió este 22 de enero.
Lo dicho por la ASF en octubre y lo resuelto por la SCJ hace unos días son dos planos distintos: la resolución de la Corte aborda la competencia para fiscalizar recursos federales en el marco de controversias constitucionales; el oficio de la ASF sólo comunica la conclusión del seguimiento de una aclaración puntual y no acredita, por sí mismo, la inexistencia de irregularidades ni “libera” el manejo total de los recursos federales de 2023, como la alcaldesa pretende dar a entender.
