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Chilpancingo, 14 de marzo de 2026. La Fiscalía General del Estado de Guerrero informó sobre la obtención de una sentencia condenatoria de 50 años de prisión por secuestro agravado, así como la detención de tres hombres por su probable responsabilidad en el delito de extorsión agravada, en hechos distintos ocurridos en el municipio de Acapulco.
En el primer caso, un juez dictó sentencia de medio siglo de cárcel contra Miguel “N”, luego de acreditarse que el 10 de mayo de 2019 privó de la libertad a una persona sobre la avenida Calzada Pie de la Cuesta, en complicidad con una mujer y otro hombre que ya fueron sentenciados. De acuerdo con las investigaciones, los responsables exigieron al padre de la víctima el pago de 100 mil pesos a cambio de su liberación.
La víctima fue rescatada tras un operativo derivado de trabajos de gabinete y campo realizados por la Fiscalía Especializada Contra el Secuestro y Combate a la Extorsión. Además de la pena privativa de la libertad, el órgano jurisdiccional impuso al sentenciado una multa de ocho mil Unidades de Medida y Actualización, equivalente a 675 mil 920 pesos.
En un hecho distinto, la dependencia estatal informó que, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Policía Estatal, fue cumplimentada una orden de aprehensión contra Julio “N”, Javier “N” y Sergio “N”, señalados como probables responsables de extorsión agravada en perjuicio de un comerciante.
Las indagatorias refieren que durante enero de 2026 los imputados acudieron en varias ocasiones al negocio de la víctima para exigirle el pago de 10 mil pesos, monto que fue entregado. Posteriormente, habrían impuesto una cuota mensual de dos mil pesos a cambio de permitirle continuar con sus actividades comerciales.
Los detenidos fueron puestos a disposición del juez de control correspondiente, quien determinará su situación jurídica conforme a derecho. La Fiscalía estatal reiteró que mantiene acciones coordinadas con autoridades federales y estatales para combatir delitos que afectan la libertad, el patrimonio y la seguridad de la población.
