junio 5, 2026

Iguala aprueba limitar difusión de información municipal; Ayuntamiento niega “Ley mordaza”

  • La autoridad sostiene que el acuerdo busca “ética” y “responsabilidad” en el ejercicio público; ediles protestarán en Palacio Nacional, anuncian

MARISOL WENCES MINA /

Acapulco, 10 de abril de 2026.— El Cabildo de Iguala aprobó modificaciones a su reglamento interno que restringen la difusión de información relacionada con obras públicas, finanzas y servicios municipales, medida que contempla sanciones administrativas e incluso penales para ediles y funcionarios que incumplan la disposición. Tras las críticas, el gobierno municipal negó que se trate de una “ley mordaza” y aseguró que la libertad de expresión está garantizada.

El acuerdo fue impulsado por el presidente municipal, Erik Catalán Rendón, postulado por la coalición PVEM, Morena y PT, y respaldado por la mayoría del Cabildo. La reforma establece como “información reservada” aquella de carácter patrimonial, financiero o presupuestal cuya difusión, según el documento, “pudiera generar perjuicios a la Hacienda municipal o comprometer procesos de licitación, contratación o negociación”.

También obliga a los integrantes del Cabildo a mantener “bajo estricta reserva” información clasificada como confidencial y prohíbe grabar o difundir el contenido de las sesiones en medios o plataformas digitales. El incumplimiento puede derivar en sanciones administrativas, civiles o penales.

La regidora del PAN, María del Rosario Bustillos Muñoz, quien votó en contra junto con el priista Óscar Adriel García Rueda, calificó la medida como una “Ley mordaza” y advirtió que limita la rendición de cuentas. “Lo que se aprobó este jueves en el Cabildo fue prácticamente una Ley mordaza, porque nadie de nosotros podremos decirle a la gente o a la prensa cómo van las obras públicas, o la situación de las finanzas públicas”, declaró. Añadió que la reforma responde a inconformidades del alcalde tras la difusión de datos sobre su salario.

En respuesta, el gobierno municipal difundió un comunicado en el que rechaza esa interpretación. “El Gobierno de Iguala garantiza la libertad de expresión; no existe ninguna ‘Ley mordaza’ en el Cabildo plural”, señala el documento.

El Ayuntamiento sostiene que el acuerdo “busca dignificar el ejercicio público, promoviendo la ética y la responsabilidad en el decir” y afirma que las versiones sobre restricciones son “infundadas” y “carecen de sustento verídico”.

En el posicionamiento oficial se indica que “la libertad de expresión es un derecho fundamental irrenunciable” y que los integrantes del Cabildo son “ciudadanos libres, con la capacidad plena de manifestar sus ideas y posicionamientos sin temor a represalias o restricciones de ninguna índole”.

El gobierno municipal también argumenta que la medida pretende evitar descalificaciones personales y proteger la integridad de los servidores públicos. “El acuerdo busca garantizar que la libre expresión se dé en un marco de respeto mutuo, donde el debate de ideas no trascienda a la descalificación personal”, expone.

Asimismo, asegura que la información pública seguirá disponible por vías institucionales. “Los temas de orden público y los acuerdos tomados por esta administración están a disposición de la ciudadanía a través de los cauces institucionales y las leyes en materia de transparencia. Aquí nadie oculta nada”, indica el comunicado.

El pronunciamiento concluye que “bajo ninguna circunstancia se pretende restringir la libre expresión de las regidoras y regidores ni de cualquier ciudadano igualteco”, y atribuye la polémica a “interpretaciones erróneas o intereses ajenos al bienestar común”.

Las modificaciones al reglamento ocurren en medio de señalamientos sobre transparencia en el municipio y abren un debate sobre los límites entre reserva de información y derecho a la información pública. Hoy trascendió que los ediles que votaron en contra de la norma que los restringe y sancionaría por informar a medios de comunicación y a la población, se manifestarían en Palacio Nacional para denunciar lo que, dijeron, es anticonstitucional.

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