Centro Minerva Bello critica salida de alcaldes de Mesas de Paz; “la paz no se construye desde las ausencias”
REDACCIÓN /
Chilpancingo, 23 de mayo de 2026. El Centro de Derechos de las víctimas de violencia Minerva Bello criticó la decisión de nueve presidentes municipales de retirarse de las Mesas de Construcción de Paz y advirtió que abandonar esos espacios de coordinación institucional debilita los esfuerzos frente a la crisis de violencia e inseguridad que enfrenta Guerrero.
A través de un pronunciamiento difundido en redes sociales y respaldado por su director, el sacerdote y defensor de derechos humanos Filiberto Velázquez Florencio, el organismo señaló que comprende el “cansancio, frustración y la exigencia legítima de resultados eficaces” de las autoridades municipales ante la violencia que viven sus comunidades.
Sin embargo, sostuvo que la ausencia de los alcaldes no puede convertirse en respuesta frente a una problemática que exige mayor coordinación entre instituciones.
“La paz no se construye desde las ausencias; se construye desde la responsabilidad compartida y la permanencia junto al pueblo”, expresó el Centro Minerva Bello.
El posicionamiento ocurre luego de que presidentes municipales de la región Centro y Montaña Baja anunciaran públicamente su salida de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, al acusar simulación institucional, falta de resultados y exclusión por parte de autoridades estatales y federales.
Los alcaldes que hicieron público su retiro fueron Micaela Manzano Martínez, de José Joaquín de Herrera; Khalia Areli Ramos Decena, de Zitlala; Ángel Aguilar Romero, de Acatepec; Alberto Michi Campos, de Tixtla; David Astudillo Morales, de Quechultenango; Pedro Ojeda Reyes, de Ahuacuotzingo; Gerardo Mosso López, de Mochitlán; Jesús Vázquez García, de Mártir de Cuilapan; y Guillermo Matías Barrón, de Atlixtac.
En respuesta, el Centro Minerva Bello subrayó que las Mesas de Construcción de Paz no pertenecen a una sola autoridad ni a un único nivel de gobierno, sino que representan un mecanismo de interlocución para construir rutas de atención ante la inseguridad, los desplazamientos forzados, las amenazas y la violencia que afecta a miles de familias guerrerenses.
“Debilitar estos espacios significa reducir las posibilidades de interlocución y dejar a las comunidades con menos herramientas para exigir soluciones”, expuso la organización.
El organismo defensor de derechos humanos también sostuvo que la violencia “no distingue colores partidistas ni intereses políticos”, por lo que llamó a privilegiar la responsabilidad pública y la permanencia en los espacios institucionales, aun cuando los resultados no sean inmediatos.
Asimismo, pidió a las autoridades municipales reconsiderar su decisión y fortalecer los mecanismos de diálogo y coordinación para garantizar respuestas concretas a las comunidades afectadas por la violencia en la región Centro y Montaña Baja del estado.
