Aguirre dice tener la “conciencia tranquila” por caso Ayotzinapa
- El ex gobernador de Guerrero permanece en prisión preventiva en el Altiplano por el caso Ayotzinapa
- FGR lo acusa de desaparición forzada y delitos contra la administración de justicia
REDACCIÓN /
Ciudad de México, 08 de agosto de 2026. Ángel Aguirre Rivero ha repetido durante años que tiene la “conciencia tranquila” por su actuación durante la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Ahora, el ex gobernador de Guerrero se encuentra preso en el penal federal del Altiplano, después de que la Fiscalía General de la República lo imputó por desaparición forzada de personas y delitos contra la administración de justicia.
La FGR obtuvo prisión preventiva contra Aguirre Rivero durante la audiencia inicial celebrada el viernes 7 de agosto en el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal, con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México.
Su situación jurídica deberá definirse en una nueva audiencia programada para el martes 11 de agosto.
Aguirre era gobernador de Guerrero la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, cuando estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa fueron atacados en Iguala y 43 de ellos desaparecieron.
Desde entonces, el político guerrerense ha negado responsabilidad en los hechos.
En distintas declaraciones públicas realizadas durante los años posteriores a la desaparición de los estudiantes, Aguirre aseguró que tenía la conciencia tranquila y sostuvo que estaba dispuesto a comparecer ante las autoridades cuando fuera requerido.
También negó haber ordenado la desaparición o destrucción de las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en el Palacio de Justicia de Iguala, uno de los puntos donde ocurrieron hechos relacionados con los ataques contra los normalistas.
La FGR sostiene ahora que Aguirre tuvo responsabilidad precisamente en el ocultamiento de ese material.
La fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, afirmó que la desaparición de las grabaciones no fue una omisión administrativa ni un hecho aislado, sino, según la investigación ministerial, una operación deliberada que habría sido organizada desde la cúpula del Poder Ejecutivo de Guerrero.
La acusación está relacionada con las imágenes captadas por las cámaras 12 y 15 del Palacio de Justicia de Iguala durante la noche de los ataques.
Esos videos son considerados relevantes dentro de la investigación porque pudieron haber registrado lo ocurrido con un grupo de estudiantes que viajaba en el autobús Estrella de Oro 1531.
Isidoro Vicario, abogado de las madres y padres de los 43 normalistas, explicó que las cámaras pudieron haber registrado información sobre el destino de jóvenes que fueron interceptados en esa zona.
Representantes de las familias estuvieron presentes como asesores jurídicos durante la audiencia inicial de Aguirre.
Vicario calificó como positiva la detención del ex gobernador, aunque señaló que las familias esperan que las investigaciones y detenciones sirvan para obtener información sobre el paradero de los estudiantes.
También reiteró que una de las exigencias de las madres y padres es que sean investigadas todas las autoridades que pudieron tener responsabilidad, no solamente funcionarios municipales o estatales, sino también autoridades federales y militares.
Antes de la detención de Aguirre, otras ex funcionarias habían sido señaladas dentro de la investigación relacionada con las grabaciones del Palacio de Justicia.
Entre ellas se encuentra Lambertina Galeana Marín, quien era presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero cuando desaparecieron los estudiantes.
Galeana ha rechazado responsabilidad en la desaparición de los videos y, de acuerdo con declaraciones difundidas después de su detención, señaló directamente a Aguirre dentro de los hechos investigados.
También ex trabajadoras relacionadas con el sistema de videovigilancia han realizado señalamientos sobre las circunstancias en que desapareció el material.
Esas declaraciones forman parte de versiones y testimonios incorporados a las investigaciones y no constituyen, por sí mismas, una determinación judicial de responsabilidad contra el ex gobernador.
Aguirre fue detenido el jueves 6 de agosto en la carretera México-Querétaro, a la altura de la caseta de Tepotzotlán, Estado de México, por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Posteriormente fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, Altiplano.
La dirigencia nacional de Morena calificó la detención como un paso en la búsqueda de verdad y justicia por el caso Ayotzinapa y rechazó que se trate de una persecución política.
La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, sostuvo que la investigación busca justicia para los 43 normalistas, mientras el senador Saúl Monreal afirmó que se trata de una decisión judicial y no política.
Hasta ahora, Aguirre Rivero se encuentra imputado, pero no ha sido declarado culpable. Será el juez quien determine, a partir de los datos presentados por la FGR y los argumentos de la defensa, si existen elementos suficientes para vincularlo a proceso por los delitos que le atribuye la Fiscalía.
