Doce comunidades de Chilapa exigen liberar a Jesús Plácido y cancelar carpetas

• La CRAC-PC-PF acusa criminalización contra pueblos indígenas y pide al gobierno federal intervenir ante la violencia en la región

REDACCIÓN /

Chilapa, 08 de agosto de 2026. Autoridades comunitarias de 12 comunidades indígenas de Chilapa exigieron la liberación inmediata de Jesús Plácido Galindo y la cancelación de carpetas de investigación que consideran fabricadas por la Fiscalía del Estado.

La exigencia está contenida en un comunicado difundido públicamente este viernes 7 de agosto por el Congreso Nacional Indígena.

El documento fue puesto en circulación el mismo día en que más de 600 integrantes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata y de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores participaron en una asamblea regional en Alcozacán, de acuerdo con información del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

Las organizaciones sostienen que Jesús Plácido, detenido el 17 de julio y acusado de homicidio, es víctima de criminalización por su participación en la defensa de las comunidades y por las denuncias que ha realizado sobre la violencia en la región.

En el comunicado, la CRAC-PC-PF fundamenta su sistema comunitario en el artículo 2 de la Constitución, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Ley 701 de Guerrero, y rechaza que sus integrantes sean señalados como delincuentes o vinculados con grupos criminales.

Las comunidades mencionadas en el documento son Rincón de Chautla, Zacapexco, Los Pinos, Ayahualtempa, Amatitlán, Buena Vista, Alcozacán, Acahuehuetlán, Xicotlán, Tula, Nuevo Amanecer y Xochitempa, además de un asentamiento identificado como Los Pinos 2.

La organización atribuye al grupo criminal Los Ardillos los ataques ocurridos en la región y presenta una lista de personas a quienes señala como integrantes o colaboradores de esa organización.

También acusa a dirigentes del Frente de Defensa Popular de mantener vínculos con ese grupo y exige su detención. Estos señalamientos corresponden a la CRAC-PC-PF y no constituyen determinaciones judiciales.

El comunicado también pide a la Fiscalía General de la República investigar a la presidenta municipal de Chilapa, Mercedes Carballo Chino, por presuntos vínculos con Los Ardillos, así como a integrantes de su administración.

La organización asegura que entre 2015 y 2026 han sido asesinadas 87 personas de las comunidades que forman parte de su sistema comunitario.

Sobre los ataques ocurridos entre el 6 y el 11 de mayo, afirma que alrededor de 800 personas fueron desplazadas y que durante esos hechos se utilizaron armas de alto poder, drones y explosivos de fabricación artesanal.

Según su recuento, en esos ataques murieron 12 personas: siete hombres, una mujer y una niña de seis meses en Xicotlán; tres hombres de Alcozacán y uno de Acahuehuetlán.

La CRAC-PC-PF reprocha que los gobiernos municipal y estatal no intervinieran para detener las agresiones y sostiene que las comunidades quedaron desprotegidas durante varios días.

Respecto del proceso contra Jesús Plácido, el comunicado rechaza las acusaciones que lo señalan como responsable del asesinato de José Pablo Xanteco.

La organización sostiene una versión distinta y afirma que Xanteco acudió en 2021 a la coordinación de la CRAC-PC-PF para manifestar que temía por su vida. Esta versión corresponde a las autoridades comunitarias y forma parte de sus argumentos en defensa de Plácido.

Durante la asamblea realizada el viernes, integrantes del CIPOG-EZ y de la CRAC-PF reiteraron la exigencia de liberar a Jesús Plácido y denunciaron que desde hace más de una década enfrentan asesinatos, desapariciones, desplazamientos y ataques armados.

En su pliego de siete demandas, las organizaciones exigen el cese de la criminalización de los pueblos indígenas nahuas de Guerrero, la libertad inmediata de Jesús Plácido y la cancelación de las carpetas de investigación que consideran fabricadas.

También piden la reconstrucción de viviendas afectadas en Tula, Xicotlán y Acahuehuetlán; seguridad en las colindancias de Colotepec y Tula para permitir el regreso de habitantes desplazados; el reconocimiento de la Policía Comunitaria y que cesen los señalamientos del obispo emérito Salvador Rangel Mendoza contra estas comunidades.