Defensa de Aguirre presenta 31 pruebas para negar que recibió videos de Ayotzinapa
- El ex secretario de Gobierno Jesús Martínez Garnelo y el ex coordinador de Seguridad y Transporte Aéreo declararon a su favor
REDACCIÓN /
Ciudad de México, 11 de agosto de 2026. La defensa del ex gobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero presentó este martes 31 datos de prueba para sostener que no se encontraba en Guerrero cuando presuntamente recibió los videos del Palacio de Justicia de Iguala que, de acuerdo con la acusación de la Fiscalía General de la República (FGR), posteriormente fueron desaparecidos.
Durante la continuación de la audiencia inicial, la defensa presentó los testimonios del ex magistrado y ex secretario general de Gobierno Jesús Martínez Garnelo y de Felipe Martín Ornelas Rebollo, quien se desempeñaba como coordinador de Seguridad y Transporte Aéreo del gobierno estatal.
El argumento central presentado por la defensa busca controvertir la declaración de Blanca María del Rocío Estrada Ortega, ex visitadora del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, quien declaró ante la FGR que el 29 de octubre de 2014, alrededor de las 20:30 horas, entregó a Aguirre en Chilpancingo las grabaciones obtenidas de dos cámaras del Palacio de Justicia de Iguala.
Ornelas Rebollo declaró que ese día trasladó a Aguirre a la Ciudad de México para una reunión privada con Miguel Ángel Osorio Chong, entonces secretario de Gobernación del gobierno de Enrique Peña Nieto.
Según su testimonio, la reunión comenzó alrededor de las 18 horas en un inmueble ubicado en Rubén Darío 281, esquina con Arquímedes, en la colonia Polanco, y terminó minutos después de las 19 horas.
El ex funcionario sostuvo que posteriormente él y Aguirre regresaron por carretera a Chilpancingo y llegaron aproximadamente a las 23 horas.
Con este testimonio, la defensa busca demostrar que Aguirre no podía encontrarse en Chilpancingo a las 20:30 horas, cuando Estrada Ortega asegura haberle entregado personalmente las grabaciones.
Ornelas Rebollo declaró además que Aguirre pasó esa noche en Casa Guerrero y que, después de su llegada, no recibió visitas.
Por su parte, Martínez Garnelo, quien además de haber sido secretario general de Gobierno fue magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, declaró sobre las reuniones de seguridad que se realizaban durante la administración de Aguirre.
El ex funcionario negó que en esas reuniones participaran Lambertina Galeana Marín, entonces presidenta del Tribunal Superior de Justicia del estado, y Blanca Estrada Ortega, cuya declaración forma parte de los elementos utilizados por la FGR para sustentar la imputación.
Los dos testimonios forman parte de los 31 datos de prueba ofrecidos por la defensa para cuestionar la versión de la Fiscalía sobre la recepción y posterior desaparición de los videos.
La investigación se concentra en las grabaciones de las cámaras del Palacio de Justicia de Iguala correspondientes a la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, cuando fueron atacados y desaparecidos los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
De acuerdo con la imputación presentada por la FGR, las imágenes aportaban información sobre lo ocurrido con un grupo de normalistas en las inmediaciones del Palacio de Justicia.
La Fiscalía sostiene que las grabaciones fueron obtenidas después de los ataques y posteriormente entregadas al entonces gobernador, versión que ahora intenta desvirtuar su defensa mediante la reconstrucción de los movimientos de Aguirre el 29 de octubre de 2014.
El debate de este martes se centró así en los horarios y lugares en los que se encontraba el ex mandatario: mientras la declaración incorporada por la FGR lo ubica en Chilpancingo recibiendo los videos alrededor de las 20:30 horas, la defensa sostiene que a esa hora se encontraba fuera de Guerrero o viajando desde la Ciudad de México.
Aguirre fue detenido el 6 de agosto en Tepotzotlán, Estado de México, y posteriormente trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano, donde permanece bajo prisión preventiva.
En la audiencia inicial, la FGR formuló imputación en su contra por su presunta responsabilidad en hechos relacionados con la desaparición de los 43 normalistas. Aguirre ha rechazado las acusaciones y ante el juez declaró tener “la conciencia tranquila y muy en paz”.
La resolución judicial determinará si existen elementos suficientes para vincular a proceso al ex gobernador y mantener abierta la causa penal en su contra.
