El Estado al centro. Una lectura de política pública del Segundo Informe de Gobierno
Rabo de Nube
GEOVANNI MANRIQUE PASTOR /
Acapulco, 4 de septiembre de 2026. El Segundo Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum fue, ante todo, la expresión de un momento crucial de la política mexicana, que se sustenta en la recuperación las capacidades rectoras del Estado para convertir el crecimiento y desarrollo económico en derechos, bienestar y prosperidad compartida. Esta tendencia definida por el gobierno en su segundo informe confirma la continuidad del proyecto de la Cuarta Transformación, pero también define el sello propio del llamado segundo piso, mediante medias relacionadas con la disciplina fiscal, inversión pública, política social universal y planeación del desarrollo.
El vocabulario del discurso confirma esa orientación pues las diez palabras repetidas con mayor frecuencia durante el discurso fueron “México”, “bienestar”, “gobierno”, “agua”, “educación”, “desarrollo”, “salud” e “inversión”; nada es casualidad, la narrativa presidencial enlazó identidad nacional, presencia del Estado así como derechos sociales. Incluso la pobreza es nombrada menos que el bienestar porque como es evidente, el énfasis que el actual gobierno desea instalar en su narrativa no estriba en administrar carencias sino en construir capacidades y garantizar derechos.
Los datos anunciados por la presidenta ofrecen evidencia de logros relevantes que permiten suponer el avance significativo en la atención de los principales problemas de la agenda pública, a pesar de los retos y desafíos que implica, entre otras cosas, las restricciones presupuestales, de recursos materiales así como de recursos humanos. El salario mínimo creció 154 por ciento en términos reales desde 2018 y los indicadores sobre pobreza laboral reflejan que se encuentra en su nivel más bajo desde 2005. Los Programas para el Bienestar alcanzarían al cierre de 2026 a 42.8 millones de derechohabientes, con una inversión de un billón de pesos. En educación se reportaron 156 mil nuevos lugares de nivel medio superior durante 2026 y una meta de 400 mil para 2030.
En salud el balance combina expansión institucional y atención territorial; al anunciarse la operación de 33 nuevos hospitales, modernización de 650 quirófanos y más de 23 millones de visitas de Salud Casa por Casa. En infraestructura, la recuperación de trenes de pasajeros, carreteras, puertos, redes eléctricas y obras de agua expresa una decisión de política económica consistente en utilizar la inversión pública para articular regiones, fortalecer el mercado interno y reducir desigualdades territoriales.
La seguridad, por su parte, merece una lectura diferenciada; el informe de la presidenta atribuye a la estrategia federal una reducción de 51 por ciento en homicidios dolosos y de 54 por ciento en delitos de alto impacto respecto de sus respectivas bases de comparación; sin embargo, lo más significativo es el diseño de política centrado en tres vertientes, a decir, inteligencia, coordinación y atención a las causas. Las 665 ferias de paz y más de un millón de servicios acercados a comunidades —incluida La Montaña de Guerrero— muestran que prevenir también significa llevar salud, educación, empleo y espacios públicos a territorios históricamente abandonados.
Aún cuando los datos e información presentada por la presidenta Sheinbaum refleja un auténtico avance en la instrumentación de un nuevo modelo de gestión gubernamental, sigue persistiendo el reto de traducir las acciones de política en algo más sensible para la ciudadanía. Porque la operación de más hospitales no necesariamente garantizan un mejor abasto de medicamentos, una atención más humana y con calidad; como tampoco el desarrollo de más infraestructura educativa se traduce en automático en desarrollo de habilidades, capacidades, conocimiento y formación humanística de las y los estudiantes. Los retos y desafíos del gobierno que entra en su segundo tercio de mandato constitucional deberían centrarse en mejorar la forma de medir los resultados de la implementación de las políticas públicas, así como en transitar por un serio proceso de reforma administrativa que permita reformular las funciones y atribuciones en los ámbitos estatal y local para mejorar las capacidades administrativas en la provisión de bienes y servicios públicos entre los tres órdenes de gobierno.
El Segundo Informe presenta un gobierno con rumbo y una noción clara del Estado. Su mayor fortaleza es haber unido justicia social, soberanía e inversión. Ahí se juega la credibilidad del proyecto y la posibilidad de que la prosperidad compartida llegue a cada comunidad, pueblo, colonia o barrio en cualquier latitud del país. Su prueba decisiva será institucionalizar esos avances para que los derechos no dependan del discurso, sino de servicios públicos eficaces, transparentes y duraderos.
