Aprueba Congreso reforma para castigar con mayor severidad el despojo a adultos mayores
- La iniciativa fue presentada por Jesús Urióstegui; contempla penas de hasta 14 años cuando exista abuso de confianza o parentesco.
REDACCIÓN /
Chilpancingo, 23 de septiembre de 2026. El Congreso de Guerrero aprobó una reforma al Código Penal para endurecer las sanciones por despojo cuando las víctimas sean personas adultas mayores, con discapacidad, enfermedades incapacitantes o en situación de abandono, una modalidad de violencia patrimonial que puede dejar a personas vulnerables sin su vivienda o bienes.
La reforma al artículo 246 fue propuesta originalmente por el diputado Jesús Eugenio Urióstegui García, coordinador de Morena en el Congreso, y este miércoles fue fundamentada ante el pleno por Carlos Eduardo Bello Solano, presidente de la Comisión de Justicia.
La modificación amplía las agravantes cuando el despojo se cometa aprovechándose de la edad, enfermedad, discapacidad, ausencia prolongada, analfabetismo, desconocimiento de la ley o abandono de la persona propietaria o poseedora legítima del inmueble.
También establece penas de ocho a 14 años de prisión y multas de 300 a 600 días cuando el responsable sea familiar hasta cuarto grado, apoderado legal, albacea, servidor público, notario, administrador de bienes o una persona con quien la víctima mantenga una relación de confianza. La misma sanción podrá aplicarse cuando el inmueble afectado sea la única vivienda habitual de la víctima.
Bello Solano señaló que Guerrero concentra a más de 443 mil personas adultas mayores y sostuvo que una parte de este sector enfrenta condiciones que pueden facilitar abusos sobre su patrimonio.
La reforma busca responder también a formas de despojo que no necesariamente implican violencia física, sino simulaciones jurídicas, abuso de confianza, contratos irregulares o aprovechamiento de las condiciones de vulnerabilidad de las víctimas. La iniciativa presentada en 2025 advertía precisamente sobre casos en los que familiares, representantes legales, servidores públicos o personas cercanas pueden aprovechar esa relación para apropiarse de un inmueble.
“Que sepan que los adultos mayores y personas vulnerables no están solos, que existen leyes que los protegen”, expresó Bello Solano al fundamentar el dictamen.
