Kenia Hernández, prisionera de la 4T

ROBERTO RAMÍREZ BRAVO    /

Acapulco, 09 de febrero de 2020.

Kenia Inés Hernández Montalván puede ser el primer caso documentado de prisión de conciencia ejecutada por el gobierno de la Cuarta Transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La activista -defensora de derechos humanos, feminista, ecologista-, en estos momentos se encuentra detenida en una cárcel de máxima seguridad, acusada de encabezar protestas que concluyeron en tomas de autopistas. La detuvo primero el gobierno priista de Alfredo del Mazo, luego el morenista de Puebla encabezado por Miguel Barbosa; pero la acusación que la tiene en la cárcel proviene del gobierno de la República.

Kenia Hernández es una activista guerrerense, originaria del municipio amuzgo de Xochistlahuaca, y ha participado muy activamente en la defensa de muchas causas sociales, entre ellas el acompañamiento a los opositores de la presa La Parota en Acapulco, en los momentos de mayor represión gubernamental. Ha encabezado la defensa de las mujeres, de los pueblos originarios y de la ecología.

Es integrante de la Policía Comunitaria de la CRAC, ha participado en el Movimiento por la Libertad de Presos Políticos y fue parte del Encuentro Internacional de Defensores y Víctimas de Violaciones Graves a Derechos Humanos, e integrante de la Dirección Política Nacional de Encuentro Nacional por la Unidad del Pueblo Mexicano. Fundó y dirigió hasta su detención, el Colectivo Libertario Zapata Vive. A través del Colectivo, Kenia Hernández impulsó la producción y la organización comunal

Kenia fue detenida sin orden de aprehensión el 18 de octubre del año pasado en un retén policiaco en Puebla, a bordo de una camioneta. Se le acusaba de haber robado 7 mil pesos de la empresa operadora de la caseta La Hortaliza, cerca de Almoloya, donde el Colectivo Libertario Zapata Vive protestaba para exigir la libertad de los presos políticos de Guerrero. Antes había sido detenida, en junio, acusada de robar 500 pesos en un vehículo particular; en este primer caso, aunque hubo el intento de mantenerla en prisión, una juez determinó que podría seguir su proceso en libertad.

Por su detención en octubre, un juez fijó 30 mil pesos de fianza, pero antes de que pudiera salir, la Fiscalía General de la República, la acusó de ataques a las vías de comunicación, precisamente por esta protesta, y por esta acusación se le mantiene encarcelada.

Apenas unos días antes de su segunda detención, el 27 de septiembre, Kenia había salido de Guerrero bajo la protección del Mecanismo Federal para Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, debido a amenazas que había recibido en esta entidad.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y su similar del Estado de México han reclamado a las instancias judiciales que respeten el derecho al debido proceso de la activista, y organismos defensores de todo el país han exigido su inmediata liberación. Sin embargo, hasta el momento ella se mantiene encarcelada por el gobierno que prometió que no generaría presos políticos.

El caso de Kenia Hernández es paradigmático y conjuga distintas variantes que habría que observar. Es, en primer caso, una criminalización de la lucha social. El movimiento de la 4T se nutrió precisamente de movimientos sociales que reivindicaban derechos con base en la movilización, con base en la toma de casetas (por ejemplo, la Ceteg) o en las marchas multitudinarias (por ejemplo, los 43), y la autogestión de los pueblos (por ejemplo, la CRAC, las policías comunitarias de Michoacán).  Es de esperarse por ello que este gobierno federal tuviera una estrategia para atender a los grupos que de tal forma se movilizan y optara por arrancarles sus banderas por la vía de la solución a sus demandas. ¿Libertad de presos políticos? Bueno, hay que revisar los casos y liberarlos. ¿Desarrollo para los pueblos? Perfecto, hay que buscar estrategias con los mismos pueblos para avanzar en eso. No parecería aceptable que un gobierno que enarboló esas causas como aspirante ahora actúe como los anteriores, reprimiendo la protesta, sin atender las razones de fondo.

Hay también una discriminación de género en el caso de Kenia. Aunque ella reivindica las luchas feministas, las feministas han guardado un discreto silencio en torno a su detención, incluyendo a aquellas activas en la contienda electoral de Guerrero. Sería interesante saber si la senadora guerrerense Nestora Salgado, que vivió en carne propia la represión del Estado y se mantuvo recluida por delitos que después no se le comprobaron, tiene alguna posición pública respecto a este caso; igualmente el diputado federal Rubén Cayetano, que representa a la Costa Chica. Finalmente, hay una discriminación al movimiento indígena, como ocurrió en 2012 contra los indígenas de la CRAC que fueron detenidos y que Amnistía Internacional declaró presos de conciencia.

Activista, mujer, e indígena. No se trata de revictimizar, pero son tres componentes que el viejo régimen utilizó para reprimir y que este gobierno de la cuarta transformación no puede darse el lujo de seguirlos utilizando.

Ante el caso de Kenia Hernández nadie debería ser indiferente, no solo porque se supone que se acabaron los tiempos de represión y nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos (o iguales), sino porque independientemente de todo, este pueblo de México ha luchado tanto para avanzar, y ya no seguir con esas viejas prácticas.