La batalla por el predial en Acapulco

ROBERTO RAMÍREZ BRAVO    /

Acapulco, 14 de enero de 2020. 

Mientras todas las tempestades se desatan en los partidos políticos por las definiciones de candidaturas, ya sea por el gobierno estatal o por las próximas diputaciones y alcaldías, en Acapulco es otra borrasca la que se manifiesta.

Se trata de una confrontación entre la alcaldesa Adela Román y una parte del Cabildo, en la que visiblemente participan dos regidoras, una del PT, María Elbjorn Trani, y una de Morena, Mayra Reyna Reséndiz, pero también el síndico Javier Solorio Almazán, el regidor Javier Morlett y algunos otros actores externos.

El tema es el pago del impuesto predial para este año que, de acuerdo con las manifestaciones públicas de las regidoras, podría contener una especie de trampa porque en la página del gobierno municipal no aparece la base gravable cuando se quiere pagar el impuesto, y en consecuencia el contribuyente pagaría a ciegas, lo que podría generar que el próximo año se encuentre con la sorpresa de que la base gravable está elevada y ya nada podrá hacer.

Las personas podrían ampararse, han dicho. La alcaldesa por su parte señaló que sus compañeras de Cabildo han llamado a no pagar el impuesto.

Lo cierto es que, en el fondo, el tema podría estar sobredimensionado. El Ayuntamiento, con base en sus facultades legales, puede, y en realidad debe, actualizar sus bases catastrales conforme va pasando el tiempo y las condiciones del lugar donde se encuentra el inmueble objeto del gravamen, se modifican. Por ejemplo, una casa que estaba ubicada en una calle de terracería, sin servicios, sin alumbrado, pero que con el tiempo se pavimenta la calle, se introduce alumbrado, drenaje, o se amplían parques o banquetas a su alrededor, incrementa su valor comercial.

En consecuencia, es lógico que también se incremente su base gravable, porque ahora el municipio tendrá obligación de dar mantenimiento a los servicios que se prestan en esa área. Sin embargo, la última actualización de la base catastral en Acapulco ocurrió en 1999, es decir, hace casi 22 años.

La administración municipal buscó un equilibrio para poder incrementar las bases gravables pero sin afectar el monto de lo que el contribuyente ha venido pagando. Al menos, no de momento. Para ello aplicó una fórmula sencilla: disminuyó la base de cobro de 12 a 3.9 por ciento, por lo que el contribuyente pagará este año lo mismo que el año pasado.

La aparente trampa estaría en que, aunque el cobro sea el mismo, la base gravable sí se estaría modificando, y es lo que los ediles inconformes argumentan: que el próximo año y en los sucesivos, ese contribuyente que hoy pagó lo mismo que el año pasado, tendría una base más alta y por tanto estaría obligado a pagar más.

Siempre es complicado cuando se trata de recaudación, porque obviamente todo mundo quiere pagar menos. Sin embargo, también es necesario encontrar el equilibrio porque de la recaudación provienen los recursos que permiten al municipio operar sus programas; ningún gobierno puede caminar si no obtiene el pago de impuestos de sus ciudadanos.

En ese sentido, es un hecho que la base catastral tiene que adecuarse, porque de 1999 a la fecha ha pasado suficiente tiempo como para que las condiciones que rodean a las viviendas en el municipio hayan cambiado. Si el contribuyente encuentra que el próximo año su base es mayor, es lógico: ha sido actualizada.

Sin embargo, en 2021 la actualización no generó en términos reales ningún incremento, por la reducción de la base de cobro; y no implica que en 2022 tenga que aumentar el monto a pagar, o que el cambio vaya a ser abrupto, porque puede utilizarse un mecanismo similar para que, pudiendo incrementarse, no lo haga de golpe.

Lo que no puede suceder es que la gente deje de pagar. Eso afecta no solo al gobierno de Adela Román Ocampo, afecta a todo el municipio, afecta a las obras, a los proyectos. Al final, la misma ley prevé mecanismos que los ciudadanos en particular pueden utilizar si consideran que en su caso la actualización de su base catastral es lesiva o no corresponde a lo que debería ajustarse.

Pero el impuesto predial es el principal ingreso que tiene el municipio y convertirlo en un tema de conflicto por un pleito añejo entre las partes, no parece precisamente un acto responsable.

Lo otro, es que sería lamentable que toda esta querella, que involucra a los ciudadanos y no solo al gobierno, tuviera que ver con el golpeteo político hacia la presidenta municipal por cuestiones electorales. Si tal fuera, habría que decir que la confrontación política debería mantenerse en esa arena y no en algo que afecta a toda la ciudadanía.

Quizá, como se decía al principio, el tema está sobredimensionado, porque las bases catastrales tienen que actualizarse, es necesario y natural, y porque por otro lado el contribuyente no está pagando más, aunque con el tiempo, desde luego, tendrá que hacerlo.

Pero la recaudación es necesaria. Ningún gobierno puede estar sin ella. El ciudadano, en todo caso, tiene mecanismos para hacer valer su derecho, si lo siente vulnerado. Pero dejar de pagar, de verdad, no beneficia a nadie.