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ROBERTO RAMÍREZ BRAVO    /

 

Acapulco, 17 de mayo de 2020.

Un movimiento busca, con la recolección de firmas, conseguir que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, inicie un proceso de revocación de mandato contra la presidenta municipal de Acapulco, Adela Román Ocampo.

Al menos, así lo plantearon en el zócalo, el pasado 14 de mayo, sus tres promotores: Carmelo Loeza Hernández, Alejandra Gallardo Mendoza, y Jesús Rogel González.

El documento (AQUÍ un video del momento en que fue leído) establece con claridad que el parteaguas que los obligó a violar la cuarentena por la pandemia, y salir a reclamar tal revocación, fue un incidente en Puerto Marqués por el comedor comunitario, en el que hubo una discusión entre los pobladores y la alcaldesa. No obstante la urgencia con que parece haberse originado el movimiento, las razones por las cuales piden la destitución no son muy claras. Hablan de “los errores, la soberbia, y la poca capacidad de un gobierno insensible y arbitrario”, pero sin datos concretos.

Enumerados, los agravios son, según el documento, los siguientes: 1. la “insensibilidad” del gobierno municipal por el caso del comedor del DIF en Puerto Marqués. 2. La petición a la Fepade de investigar “la mala actuación” del gobierno, y posibles “delitos electorales” porque “condiciona la entrega de despensas a cambio de copias de credencial de elector”. El tercer agravio: las donaciones privadas podrían ser usadas para comprobar gastos públicos. Luego, se afirma que este gobierno no ha podido resolver el problema de las aguas negras, y la escasez de agua potable. Con ello, señalan los actores, el de Adela Román “no representa los principios de nuestro partido”, y sin más señala que es “un gobierno de negocios familiares al amparo de la ley”.

La primera lectura de estos agravios es que no hay agravios, sino solo opiniones, sospechas (por ejemplo, de que hay un delito electoral; o de que las donaciones pudieran usarse para justificar otros gastos), y señalamientos muy genéricos (como que no ha podido resolver el problema del agua).

Visto así el asunto, es válido preguntarse si hay otras razones atrás de la urgencia de romper la cuarentena para salir a demandar la renuncia de la presidenta. Es un poco extraño que provenga de Carmelo Loeza, un abogado que fue subdirector Jurídico de Capama en el mismo gobierno al que cuestiona; pero no lo es de Jesús Rogel, un contratista de los tiempos del gobierno de Alberto López Rosas que en la elección de 2015 (el 5 de abril, en el mercado de Icacos) le juró lealtad al candidato del PRI a la gubernatura, Héctor Astudillo Flores, y anunció su incorporación al tricolor con otros cinco líderes perredistas que en ese momento ya estaban muy lejos del PRD, pero que ahora aparece como celoso guardián de la ideología morenista.

En el fondo, la querella contra la alcaldesa debe leerse en el contexto de la elección por la gubernatura de 2021. Para nadie es un secreto que Adela Román se convirtió, desde el mismo momento en que ganó Acapulco, en la principal aspirante mujer para la candidatura.

Si hubiera alguna razón para demandar su renuncia, esta tendría que estar planteada en el documento que leyó Alejandra Gallardo en representación de los tres; si no hay nada, entonces la hipótesis es la electoral… a menos que haya otra.

En contrapartida, lo que puede verse es un gobierno que ha luchado para sacar adelante el proyecto que le dio origen. A la hora de los resultados, los hay muy tangibles: pese a no tener recursos y arrastrar una deuda de 1,200 millones, pagó el adeudo que otros dejaron con el Infonavit y logró que los trabajadores pudieran tener acceso al crédito; pagó el adeudo con Afianzadora Libertad, que los tenía en el buró de crédito; creó la Comisión Mixta Escalafonaria, que por primera vez permitirá que puedan acceder a sus plazas por méritos propios sin tener que comprarlas a sus líderes; y, hay que decirlo, logró bajar los índices delictivos en el municipio, por citar solo algunas cosas.

Desatada la crisis por la pandemia, el gobierno municipal actuó de inmediato. La alcaldesa llamó a los dueños de bares a suspender sus actividades y a los turistas a no visitar las playas, y anunció que buscaría integrar un fondo por 50 millones para ayuda a afectados por la pandemia. Las medidas fueron cuestionadas, y sus detractores aprovecharon incluso para burlarse, pero luego se quedaron callados cuando el gobierno federal decretó la suspensión de actividades no esenciales, el cierre de playas, y el Ayuntamiento no solo creó el fondo de los 50 millones, sino se le agregaron otros 55.

Pero en el fondo, se insiste, los ataques a Adela Román están íntimamente ligados a la cuestión electoral. Tan es así, que no solo ha habido ataques hacia ella, sino hacia los otros dos principales aspirantes a la candidatura, el senador Félix Salgado Macedonio y el delegado federal Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, en una estrategia en la que la oposición (incluida la oposición morenista a cada uno de los aspirantes, respectivamente; pero también, sobre todo, la priista) no ha tenido rubor para esparcir noticias falsas. La línea parece ser bajar a Morena de las preferencias, y no es difícil adivinar cuál es su origen.

Pero todavía falta un buen trecho para que comience el proceso electoral de 2021, y con toda seguridad los embates van a seguir.

Una opción es que todo mundo se vaya acostumbrando. La otra opción, por el bien de la todos, sería que los actores políticos se vayan serenando.

 

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