• Algunos aspectos de su origen, evolución y desafíos actuales
GEOVANNI MANRIQUE PASTOR /
Acapulco, 15 de diciembre de 2025. ¿Cómo se han definido las prioridades gubernamentales para la atención y eventual solución de los problemas públicos del estado de Guerrero? ¿Cuál ha sido la lógica con la que se ha establecido la agenda gubernamental decantada en los instrumentos de planeación en la entidad?
Desde su génesis, que podemos identificar en el año de 1976, hasta 2018 el Sistema Estatal de Planeación Democrática se ha caracterizado por la forma en que se incorporaban los problemas públicos en los Planes Estatales, Programas Sectoriales y Especiales de Desarrollo, particularmente por la manera en que, desde las percepciones y criterios de los tomadores de decisiones, se definían cuáles eran aquellos asuntos que merecían la atención prioritaria de las agencias gubernamentales tanto del ámbito federal como de los ámbitos estatal y municipal.
Aún cuando desde la ley de planeación para el estado de Guerrero No. 165 –que fue la primera ley en la entidad que regulaba la actuación del gobierno y de las dependencias de la administración pública estatal como resultado de la armonización y homologación de las competencias estatales tras la promulgación de la Ley General de Planeación y la instauración del Sistema Nacional de Planeación Democrática–, se planteaba la relevancia de la participación social para la integración de los instrumentos de planeación, la realidad ha puesto de manifiesto que la participación de la ciudadanía y de los grupos organizados de la sociedad civil ha ido in crescendo en la misma magnitud en que se fueron abriendo los canales de participación política desde el régimen desde la liberalización política tanto en la entidad como en México a partir de 1977 a través de la Reforma Política que se expresó jurídicamente en la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procedimientos Electorales y en la Ley de Amnistía, hasta la instauración de la democracia en 1997; y por supuesto, en los recurrentes procesos electorales que evidenciaron la consolidación democrática en su vertiente procedimental, en los que hemos observado por un lado el avance de la oposición en la representación política en el congreso, en los cabildos municipales así como la alternancia en el ejecutivo local, y una normalidad democrática consistente en la competitividad electoral con una pluralidad política que disputa la alternancia periódica de partidos políticos en la conducción de las distintas estructuras de poder local formal.
El punto más avanzado de ese incremento en la participación ciudadana, al que se ha llegado, en la construcción de una agenda política que represente más fehacientemente la visión, sensaciones y percepciones tanto de los electores como de la sociedad en general, consistiría en el último ejercicio de planeación realizado en 2021; en el que se registró una participación histórica de más de 12 mil ciudadanas y ciudadanos que contribuyeron a través de los Foros de Consulta y Participación Ciudadana «Transformando Guerrero» realizados de manera previa al inicio del mandato constitucional de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, y cuyos resultados se decantaron el documento denominado «Sentimientos del Pueblo Guerrerense»; que a su vez, fueron material de insumo que sirvió como complemento de las actividades que, por mandato de ley y una vez constituido el gobierno para el periodo 2021-2027, se realizaron para la formulación e integración del Plan Estatal de Desarrollo para ese periodo constitucional.
En suma, desde su génesis hasta muy recientemente, el Sistema de Planeación Democrática del estado de Guerrero ha evolucionado gradual y lentamente, de una definición de agenda gubernamental desde la percepción de los tomadores de decisiones quienes se asumían como conocedores y expertos de los asuntos públicos, hacia la integración de actores políticos, sociales, económicos, culturales y, más ampliamente, a la integración de la ciudadanía en general para definir qué problemas públicos es necesario incluir para contar con una agenda de gobierno participativa, plural, incluyente, y con una base de legitimidad que asegura a los tomadores de decisiones orientar con mayor objetividad los recursos económicos, humanos y materiales a la solución de los principales problemas públicos identificados no sólo por los expertos, también por las organizaciones de la sociedad civil y en última instancia por la ciudadanía en general. Lo anterior sin duda representa un avance fundamental; sin embargo, queda aún pendiente también la formulación de presupuestos participativos que no son más que un ejercicio ampliamente incluyente sobre cómo y bajo qué criterios asignar recursos para atender los problemas públicos identificados e incluidos en los instrumentos de planeación del gobierno del estado.
¿Qué tan pertinente es el modelo de planeación democrática en la entidad, cuando los paradigmas sobre el diseño institucional de las administraciones públicas han virado hacia un modelo neoweberiano? Sin lugar a dudas, el Sistema de Planeación Democrática que inició a gestarse a partir de 1976 y cuyo origen formal data de 1982 con la expedición de la Ley General de Planeación decretada por el presidente Miguel de la Madrid Hurtado, ha funcionado bajo un esquema de diseño institucional que respondía a las necesidades políticas del momento por el que atravesada no sólo el régimen político, sino el sistema en su conjunto. Es preciso indicar que a partir de 1982 el país se enfrentó a una crisis económica profunda de la que fue posible recuperarse lenta y gradualmente a través de una serie de medidas adoptadas por supuesto en el ámbito monetario y fiscal, pero también en una serie de estrategias relacionadas con el control de las finanzas públicas, así como medidas de carácter político en torno al rediseño de la Administración Pública por la vía de la descentralización, desconcentración y desincorporación de instituciones que en su conjunto representaban áreas no estratégicas de la gestión gubernamental y el indudable abultamiento de responsabilidades innecesarias del Estado en torno a la provisión de bienes y servicios públicos.
La implementación, funcionamiento y operación del Sistema de Planeación Democrática en Guerrero fue más bien una consecuencia de lo que acontecía en el ámbito nacional, que una iniciativa autónoma, independiente o centrífuga que incidiera desde los márgenes de lo local en la arena nacional; en ese sentido la puesta en marcha en la entidad tanto del sistema como de las medidas para controlar su funcionamiento fueron un efecto, una consecuencia de la implantación de tendencias de la Nueva Gerencia Pública (denominado New Public Management en inglés) en el diseño institucional instrumentado a partir de la Reforma Administrativa promovida desde la gestión gubernamental del presidente José López Portillo y continuada de manera profunda y de gran calado en los sexenios de Miguel de la Madrid Hurtado y de Carlos Salinas de Gortari; de la misma forma en que, fue una consecuencia de la adopción del modelos económico neoliberal y la continuación de la liberalización del régimen autoritario de partido hegemónico que continuaba controlando el proceso de cambio político, que tuvo como pieza fundante las primeras elecciones libres hasta el año de 1997.
¿Cuáles son los desafíos para los tomadores de decisiones en cuanto al diseño institucional tanto de la administración pública local como del sistema estatal de planeación democrática para atender de manera eficiente las exigencias y demandas de la comunidad política y de la sociedad guerrerense? De eso, continuaremos conversando. ¿Vale?
