* Llama el director de Tlachinollan a fortalecer la Ley 701
SCARLETT ARIAS /
Chilpancingo, 2 de marzo de 2017. El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, expuso que el gobierno del estado tiene que actuar contra los que no están cumpliendo con la ley 701, en referencia a los grupos civiles que no tienen control de su asamblea
En entrevista, Barrera Hernández dijo que ha habido problemas con algunas expresiones de grupos civiles armados que se autodenominan policía comunitaria.
«Para nosotros, mientras no funcione la figura de la asamblea regional, la consulta entre los pueblos no funciona no funcionan las diferentes estructuras de la policía comunitaria, si nada más funciona un grupo civil armado que hace retenes entra o incursionan en los pueblos, eso no es policía comunitaria», remarcó.
La Policía Comunitaria tiene reglamento, su sistema, su forma de consultar y tomar decisiones tiene un plan de acción para para hacer los operativos, puntualizó.
Explicó que es un problema que se está desbordando porque el estado no está cumpliendo con sus funciones de proteger y brindar seguridad a la población, entonces es un vacío de instituciones que no dan seguridad a la población y esta busca la autodefensa, la organización comunitaria, u otra expresión, desde otro ámbito que tiene que ver con los intereses de grupos organizados pero para el crimen.
El gobierno y las instituciones tienen la tarea de clarificar bien quién está dentro del sistema comunitario, quién está registrado dentro de su padrón.
También el gobierno tiene la obligación de identificar quién utiliza de manera desviada este sistema pero para intereses otra índole, señaló.
En esta regularización el gobierno debe de apoyar la ley 701 y sobre todo el Congreso pero no han querido porque existe ahí negociaciones de otra índole que ponen en segundo plano los derechos de los pueblos indígenas, precisó.
Detalló que la ley 701 se debe reforzar porque expresa de manera muy concreta cómo se pueden proteger los derechos y los diputados, «no quieren apostarle a que se siga fortaleciendo el sistema de justicia comunitaria».
