- Familias rechazaron que el Semefo pase a la Fiscalía, denunciaron hacinamiento de cuerpos y expedientes perdidos
REDACCIÓN /
Chilpancingo, 22 de enero de 2026. Colectivos de familiares de personas desaparecidas denunciaron vacíos, mentiras y simulación en la actuación de la Fiscalía General del Estado durante la reunión sostenida este miércoles 21 de enero con autoridades estatales, en la que exigieron avances reales en búsquedas, identificación humana y trato digno a las víctimas.
De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, una de las principales inconformidades fue el anuncio del subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros, sobre la intención del gobierno estatal de trasladar el Servicio Médico Forense a la Fiscalía General del Estado mediante un decreto de la gobernadora.
La propuesta, de acuerdo con Tlachinollan, fue rechazada de inmediato por las familias, quienes advirtieron que no confían en la Fiscalía y han insistido en que el Semefo se convierta en una institución descentralizada y autónoma, no subordinada a la instancia investigadora. Las buscadoras reprocharon que se tomen decisiones sin consulta ni participación de los colectivos.
Durante el encuentro, realizado en Chilpancingo y encabezado por el fiscal general Zipacná Jesús Torres Ojeda, las familias denunciaron indolencia institucional, engaños sobre la supuesta falta de caninos para búsquedas, pérdida de expedientes, carencia de peritos, falta de materiales básicos —como guantes— y una Comisión Estatal de Búsqueda acéfala.
Uno de los señalamientos más graves, documentado por el centro de derechos humanos en una publicación en su perfil de Facebook , fue la denuncia pública contra Héctor Ramírez Chávez, coordinador general de los Servicios Periciales, acusado por las buscadoras de acoso sexual y laboral. Las familias señalaron que este tipo de prácticas refuerzan la desconfianza hacia la Fiscalía y constituyen violencia dentro de la propia institución encargada de procurar justicia.
Durante la reunión, el propio Ramírez Chávez informó que en 2025 se realizaron 39 búsquedas en Chilpancingo y 43 en Acapulco; que del primero de enero al 15 de diciembre de ese año se identificaron y entregaron 261 cuerpos; y que del 16 de diciembre de 2025 al 19 de enero de 2026 se identificaron y entregaron 25 más.
Reconoció que el Servicio Médico Forense tiene bajo resguardo físico 884 cuerpos, de los cuales 819 quedaron como casos vigentes tras eliminar duplicados y restos no humanos. De ese total, dijo, únicamente se han analizado 211 cuerpos, por lo que aún quedan 608 pendientes de estudio.
Las cifras no convencieron a los colectivos. Para las familias, los resultados están maquillados frente a la magnitud de la crisis forense que enfrenta Guerrero, donde más de mil cuerpos permanecen en el Centro Estatal de Resguardo Forense desde 2016, sin que exista un Centro de Identificación Humana que esté a la altura de las necesidades de las víctimas.
El titular de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas, Francisco Martínez Delgado, reportó como avances la identificación de 29 personas mediante huellas dactilares y un incremento en judicializaciones, incluida una sentencia de 25 años de prisión en un caso ocurrido en 2019 en la región de la Montaña, lograda con el acompañamiento del colectivo Luciérnaga y del propio Centro Tlachinollan.
Integrantes del colectivo Luciérnaga denunciaron que existen expedientes extraviados, principalmente de la región Montaña, y propusieron una revisión exhaustiva, hoja por hoja, de las carpetas de investigación.
Desde el colectivo Lupita Rodríguez, reclamaron la ausencia de una estrategia integral para los cuerpos no reclamados y el colapso del Semefo, donde —advirtieron— ya no se puede garantizar la conservación adecuada de los restos. También denunciaron la inexistencia de análisis de contexto, lo que convierte las búsquedas en ejercicios simulados.
Tras casi tres horas de reunión, las familias salieron desalentadas, reporta Tlachinollan, El fiscal se comprometió a mantener encuentros mensuales y se acordó una reunión con la gobernadora el próximo 4 de febrero.
