- Las reformas buscan homologar la acción contra la extorsión y dar legitimidad a los mandos superiores de la corporación
REDACCIÓN /
Chilpancingo, 26 de septiembre de 2025. El Congreso del Estado de Guerrero aprobó las minutas de reformas constitucionales en materia de extorsión y de ratificación de grados superiores de la Guardia Nacional, enviadas por el Senado de la República y la Cámara de Diputados.
De acuerdo con el dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos, la reforma en materia de extorsión modifica el inciso A de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución federal, con el fin de otorgar al Congreso de la Unión facultades para expedir una Ley General que homologue y sistematice la acción contra ese delito.
El documento señala que la reforma permitirá establecer tipos penales mínimos y sanciones para delitos como secuestro, desaparición forzada, privación ilegal de la libertad, extorsión, trata de personas, tortura, otros tratos crueles e inhumanos y delitos electorales. Con ello, se busca consolidar la Estrategia Nacional contra la Extorsión, mediante Unidades Antiextorsión, atención a víctimas, capacitación en manejo de crisis, campañas de prevención y el uso de herramientas tecnológicas para desarticular grupos criminales.
Respecto a la reforma a los artículos 76 y 78 de la Constitución, la Comisión subrayó la importancia de garantizar la igualdad y no discriminación a través del uso de lenguaje inclusivo, así como de fortalecer la Guardia Nacional con mandos superiores sujetos a ratificación del Senado o de la Comisión Permanente.
El dictamen enfatiza que esta medida otorga legitimidad política y ciudadana a los grados superiores, al equilibrar su carácter militar con la misión de proximidad social de la corporación, bajo criterios de profesionalismo y confianza.
La Comisión dictaminadora concluyó que ambas reformas fortalecen la rendición de cuentas en materia de seguridad democrática, consolidan a la Guardia Nacional en un marco de legalidad y legitimidad y actualizan el marco jurídico frente a los retos contemporáneos de seguridad pública.
