• La reforma sanciona también a quienes faciliten o se beneficien; usos y costumbres no serán excusa y el Ministerio Público deberá investigar de oficio
REDACCIÓN /
Chilpancingo, Gro., 14 de enero de 2026.— El Congreso del Estado aprobó reformas y adiciones al Código Penal de Guerrero para fortalecer el marco jurídico contra la cohabitación forzada de menores y de personas sin capacidad de consentimiento, al tipificar como delito no solo la ejecución, sino también la gestión y el beneficio derivados de estas uniones, aun cuando se pretendan justificar por “uso o costumbre”.
El dictamen, emitido por la Comisión de Justicia, reformó el primero, segundo y cuarto párrafos y añadió un quinto y sexto al artículo 177 Bis. Deriva de iniciativas presentadas por el diputado Pánfilo Sánchez Almazán y las diputadas Glafira Meraza Prudente y Gloria Citlali Calixto Jiménez.
Al fundamentar el dictamen, la diputada Erika Lorena Lührs Cortés, a nombre de la Comisión de Justicia, sostuvo que la cohabitación forzada “continúa presentándose en Guerrero” y la calificó como una de las expresiones más graves de violencia estructural contra la infancia. Explicó que con las reformas se busca sancionar de manera efectiva esta conducta y visibilizar circunstancias que han servido para justificarla o encubrirla, como el supuesto consentimiento de la madre, el padre o ambos, o incluso el asentimiento de las y los menores.
El Congreso estableció que cualquier forma de consentimiento carece de validez y no puede eximir de responsabilidad a los adultos involucrados. Además, se determinó que el Ministerio Público, al tener conocimiento de un matrimonio o convivencia infantil forzada, deberá iniciar de oficio las investigaciones correspondientes para ejercer acción penal contra quien o quienes resulten responsables.
Las modificaciones también agravan las penas cuando las víctimas pertenezcan a grupos vulnerables y contemplan mecanismos de denuncia confidenciales, especialmente en zonas rurales e indígenas, con el argumento de garantizar el interés superior de la niñez.
Como dato contextual, el marco sancionatorio asociado al delito —tras la reforma— contempla penas de hasta 15 años de prisión para quien ejecute u obligue la cohabitación forzada, y sanciones de hasta 10 años para quien la gestione o se beneficie, además de multas y agravantes cuando se trate de víctimas en condición de vulnerabilidad.
En la misma sesión, la diputada Leticia Mosso Hernández (PT) presentó un punto de acuerdo para exhortar al ingeniero José Antonio Esteva Medina, titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, a instruir la revisión de que las empresas de autobuses que operan en Guerrero cuenten con pólizas vigentes de cobertura amplia. La propuesta fue turnada a la Comisión de Transporte.
La diputada Erika Isabel Guillén Román (PRD) presentó otro exhorto dirigido a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Estado de Guerrero, a través de su titular, el doctor Roberto Arroyo Matus, para que en un plazo no mayor a 30 días naturales emita lineamientos técnicos y un plan de acción para evaluar y actualizar dictámenes de seguridad estructural en inmuebles públicos y privados destinados a la concurrencia masiva, con base en el artículo 96 de la Ley 861. El asunto fue turnado a la Comisión de Protección Civil.
El Pleno también aprobó un punto de acuerdo, suscrito por la diputada Mirna Coria Medina (PRD), para exhortar al Consejo Estatal de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil a continuar los trabajos y la atención a la población afectada por el sismo en el municipio de San Marcos.
En intervenciones, la diputada Mirna Guadalupe Coria Medina abordó el tema “Gusano barrenador: una amenaza que acecha al ganado guerrerense”, con participaciones adicionales del diputado Pánfilo Sánchez Almazán y las diputadas Erika Lorena Lührs Cortés y María Irene Montiel Servín, así como del diputado Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros. En otro bloque, la diputada Beatriz Vélez Núñez habló en tribuna por el Día del Seguro Social, con intervenciones de las diputadas Araceli Ocampo Manzanares y Leticia Mosso Hernández. Además, la diputada María Guadalupe Eguiluz Bautista presentó el tema “Guerrero sin fronteras: la migración como raíz viva y motor de desarrollo”, con participación también de la diputada Erika Lorena Lührs Cortés.
Al cierre, el diputado Alejandro Carabias Icaza, presidente de la Mesa Directiva, rindió un informe de los trabajos legislativos del Primer Periodo de Sesiones Ordinarias, correspondiente al Segundo Año de ejercicio de la Sexagésima Cuarta Legislatura.
