De la administración del presente a la planeación del futuro. Apuntes sobre las áreas de oportunidad para transformar los sistemas de planeación.
RABO DE NUBE
GEOVANNI MANRIQUE PASTOR /
Acapulco, 19 de octubre de 2025. La discusión contemporánea sobre el desarrollo exige revisar críticamente los fundamentos de la planeación pública en México. Durante décadas los esfuerzos gubernamentales privilegiaron objetivos asociados al crecimiento económico, la infraestructura y la atención inmediata de las carencias sociales, sin necesariamente construir una visión integral y sostenida del bienestar colectivo.
Julio Boltvinik, en su reflexión sobre la pobreza y el florecimiento humano, plantea una cuestión fundamental consistente en que el desarrollo no puede reducirse a la disponibilidad de ingresos y bienes materiales; sino que debe comprender las condiciones que permiten a las personas desplegar plenamente sus capacidades. Esta perspectiva ofrece un fundamento para repensar el modelo de planeación nacional, estatal y municipal en perspectiva sistémica.
Las profundas desigualdades entre las y los guerrerenses, acompañadas de las necesidades y carencias, así como los desafíos históricos de desarrollo en Guerrero, convierte en indispensable el tránsito de una planeación predominantemente administrativa y de verificación normativa, hacia una planeación democrática, participativa, incluyente, vinculante y de largo plazo.
El primer desafío consiste en superar el carácter frecuentemente declarativo de los instrumentos de planeación. Los planes de desarrollo no deberían constituir únicamente documentos programáticos sujetos a las prioridades coyunturales de cada administración. Sus objetivos estratégicos, una vez construidos mediante procedimientos democráticos y formalmente aprobados, deben traducirse en compromisos institucionales verificables, con responsabilidades definidas, indicadores públicos y mecanismos efectivos de evaluación y rendición de cuentas. Hacer vinculante la planeación significa establecer obligaciones concretas para que las decisiones gubernamentales, los programas operativos y las asignaciones presupuestarias mantengan congruencia con los objetivos democráticamente establecidos, sin desconocer las atribuciones constitucionales de las autoridades.
El segundo desafío es trascender los periodos constitucionales de gobierno; los problemas estructurales de Guerrero —pobreza, desigualdad, rezago educativo, insuficiencia de infraestructura y desequilibrios regionales— no pueden resolverse dentro de horizontes administrativos de tres o seis años, sea el caso de autoridades municipales o del ejecutivo estatal. Necesitamos construir una visión prospectiva de veinte o treinta años, respaldada por acuerdos institucionales y sociales capaces de garantizar continuidad estratégica, evaluación periódica y ajustes responsables, independientemente de las alternancias políticas.
El tercer desafío consiste en articular racionalmente la planeación, la programación y la presupuestación, tres procesos que deben constituir una secuencia institucional coherente. La planeación debe definir el horizonte de desarrollo y sus prioridades; la programación, traducirlas en objetivos, metas, acciones y responsabilidades concretas; finalmente, la presupuestación debiera asignar los recursos necesarios conforme a criterios de viabilidad, impacto social y sostenibilidad financiera pero además con una sustantiva inclusión de la ciudadanía mediante la figura de presupuestos participativos.
Esta articulación requiere coordinación entre los tres órdenes de gobierno, fortalecimiento de las capacidades técnicas municipales y mecanismos de participación ciudadana que trasciendan la consulta formal. Guerrero necesita un nuevo diseño institucional en materia de planeación que convierta las aspiraciones colectivas en decisiones públicas sostenibles y evaluables. En definitiva, planear no significa solamente organizar el gasto gubernamental, sino construir democráticamente el futuro; la verdadera transformación institucional comenzará cuando el presupuesto de manera coherente responda al plan, de la misma forma en que el plan responda a las necesidades de la sociedad y las decisiones públicas trasciendan las coyunturas político-electorales.
