De la cultura política de la guerra a la cultura política de la paz: La oportunidad histórica de Keiko Fujimori

JOSÉ CARLOS LUQUE BRAZÁN /

Ciudad de México, 19 de julio de 2026. La segunda vuelta presidencial peruana de 2026 dejó una de las elecciones más estrechas de la historia republicana. Después de cuatro intentos por alcanzar la Presidencia de la República, Keiko Fujimori obtuvo finalmente la victoria sobre Roberto Sánchez por apenas tres décimas porcentuales. El margen fue mínimo; la trascendencia política, enorme.

Las democracias no se legitiman por la amplitud de las victorias, sino por el respeto a las reglas que organizan la competencia política. Una elección puede ganarse por millones de votos o por uno solo; en ambos casos, el principio democrático es el mismo. Quienes participan en una contienda electoral aceptan previamente un conjunto de instituciones, procedimientos y mecanismos de resolución de controversias. Es precisamente esa aceptación la que otorga legitimidad al resultado, aun cuando este resulte desfavorable para alguno de los competidores.

Naturalmente, en toda democracia existe el derecho a impugnar actos específicos del proceso electoral cuando se consideran irregulares. Los recursos administrativos y judiciales forman parte del Estado de derecho. Sin embargo, una vez agotados los procedimientos institucionales y emitidas las resoluciones de los organismos competentes, el principio democrático exige reconocer el resultado. La democracia no consiste únicamente en competir; consiste también en aceptar la posibilidad de perder.

Este principio resulta particularmente relevante en el Perú contemporáneo. Durante las últimas décadas, la competencia política ha estado marcada por una creciente dificultad para reconocer la legitimidad del adversario. Cada elección ha sido presentada como una batalla definitiva entre dos proyectos irreconciliables de nación, alimentando una cultura política donde el competidor deja de ser un adversario democrático para convertirse en un enemigo cuya victoria se considera ilegítima por definición.

La reacción de importantes sectores de la izquierda peruana después de la elección de 2026 constituye una expresión preocupante de esa lógica. Incapaces de realizar una autocrítica sobre las limitaciones de su propia campaña, diversos dirigentes optaron por responsabilizar al voto migrante del resultado electoral. De un momento a otro, millones de peruanos residentes en el exterior fueron convertidos en los responsables de la derrota de Roberto Sánchez. La diáspora dejó de ser parte de la nación para transformarse en el chivo expiatorio de un fracaso político que tiene causas mucho más profundas.

Esta reacción resulta particularmente paradójica. Una revisión del Plan de Gobierno presentado por Roberto Sánchez para el período 2026-2031 permite constatar una omisión significativa: la diáspora peruana prácticamente no aparece como sujeto específico de política pública. El documento desarrolla propuestas sobre industrialización, Estado plurinacional, nueva Constitución, descentralización, reforma económica, salud, educación y derechos sociales, pero no construye una agenda destinada a los millones de peruanos residentes en el exterior. No existe una estrategia para fortalecer su ciudadanía política, ampliar sus derechos, potenciar su participación en el desarrollo nacional o consolidar mecanismos permanentes de vinculación con el Estado peruano.

Esta ausencia no constituye un detalle menor. Ningún proyecto político puede reclamar posteriormente el respaldo de un electorado al que nunca reconoció como parte de su horizonte estratégico. La representación política comienza por el reconocimiento. Quien invisibiliza a un sector de la ciudadanía durante la campaña difícilmente puede responsabilizarlo después por el resultado de las urnas.

Desde hace más de tres décadas sostengo que el Perú ya no puede comprenderse exclusivamente como un Estado territorial. Millones de peruanos viven, trabajan, producen, invierten, envían remesas y participan políticamente desde Santiago, Buenos Aires, Madrid, Milán, Nueva York, Tokio, Ciudad de México y decenas de ciudades distribuidas por el mundo. Esa comunidad constituye una ciudadanía transnacional que forma parte inseparable de la nación peruana. Ignorarla no solo representa un error electoral; expresa una concepción limitada del Estado y de la propia idea de nación en el siglo XXI.

 

La larga construcción de una cultura política de la guerra

Las elecciones presidenciales de 2026 no crearon la polarización peruana; simplemente la hicieron visible una vez más. La fractura que atraviesa al país tiene raíces históricas mucho más profundas y responde a una cultura política que, durante más de medio siglo, ha organizado la competencia por el poder mediante la construcción permanente del enemigo.

Desde finales de la década de 1960, el Perú comenzó a experimentar una creciente radicalización ideológica. El gobierno revolucionario del general Juan Velasco Alvarado impulsó una profunda transformación del Estado y de la estructura agraria, al mismo tiempo que abrió una intensa disputa sobre el sentido de la nación peruana. A partir de entonces, buena parte del sistema político abandonó progresivamente la lógica de la deliberación democrática para sustituirla por una concepción de la política como confrontación entre proyectos absolutos e irreconciliables.

Durante las décadas de 1970 y 1980 esa cultura de la confrontación adquirió nuevas expresiones. Diversas organizaciones de izquierda oscilaron entre la participación institucional y la legitimación de estrategias insurreccionales, mientras otras nunca lograron construir una condena política inequívoca frente a la violencia ejercida por Sendero Luminoso. La democracia dejó de ser concebida por algunos sectores como un espacio de pluralismo para transformarse en un instrumento táctico subordinado a proyectos considerados históricamente superiores. La idea de representar la única verdad política terminó debilitando la cultura democrática y fortaleciendo las identidades excluyentes.

La violencia política de los años ochenta terminó consolidando una sociedad atravesada por el miedo. El conflicto armado interno produjo decenas de miles de víctimas, profundizó las fracturas territoriales y culturales y consolidó una visión del poder basada en la seguridad, el orden y la eliminación del enemigo. En ese contexto emergió el fujimorismo como una respuesta política que ofrecía estabilidad frente al colapso institucional, la hiperinflación y el terrorismo. Sin embargo, aquella estabilización también contribuyó a consolidar una forma de hacer política sustentada en la confrontación permanente y en la construcción de lealtades excluyentes.

Desde entonces, el Perú quedó atrapado en una relación de mutua dependencia entre el fujimorismo y el antifujimorismo. Ambos polos comenzaron a estructurar buena parte de la competencia política nacional. Cada proceso electoral dejó de organizarse alrededor de programas de gobierno o proyectos de desarrollo para transformarse en un plebiscito permanente sobre la existencia del propio adversario. La disputa política dejó de responder a la pregunta “¿qué país queremos construir?” para concentrarse en otra mucho más destructiva: “¿cómo impedir que el otro gobierne?”.

En esa dinámica, el Perú profundo y el Perú urbano-costeño fueron convertidos en identidades políticas enfrentadas. Las desigualdades históricas, las diferencias culturales, las brechas territoriales y las memorias contrapuestas fueron utilizadas recurrentemente para alimentar una narrativa de confrontación. La política dejó de producir integración nacional y comenzó, con demasiada frecuencia, a reproducir las fracturas heredadas de la historia republicana.

Esta lógica terminó normalizando la sospecha permanente. Cada elección comenzó a interpretarse como una disputa existencial donde la victoria del adversario equivalía a la destrucción del país. En lugar de fortalecer la confianza en las instituciones democráticas, se consolidó una cultura política basada en la deslegitimación del otro. El adversario dejó de ser un competidor legítimo para convertirse en un enemigo moral, político y, en ocasiones, nacional.

Las elecciones de 2026 constituyen la expresión más reciente de ese largo ciclo histórico. La rapidez con que algunos sectores responsabilizaron al voto migrante por el resultado electoral demuestra hasta qué punto la política peruana continúa necesitando fabricar enemigos para explicar sus derrotas. Cuando la autocrítica desaparece, el enemigo siempre reaparece. En esta ocasión fueron los millones de peruanos residentes en el exterior; mañana podrá ser cualquier otro sector de la sociedad. Lo verdaderamente preocupante no es el objeto de la acusación, sino la persistencia de una cultura política incapaz de asumir la pluralidad democrática como condición normal de la vida republicana.

Este apartado prepara el terreno para el tercero, que en mi opinión será el más original del ensayo: “La nación transnacional y el fracaso de la imaginación política peruana”. Allí desarrollaremos la idea de que tanto la derecha como la izquierda han pensado el Perú únicamente desde el territorio nacional, mientras la realidad ha construido un Perú transnacional integrado por millones de migrantes. Ese será el puente conceptual que nos permitirá desembocar en el último apartado: la oportunidad histórica de Keiko Fujimori para gobernar un Perú territorial y transnacional bajo una cultura política de paz.

 

La nación transnacional y el fracaso de la imaginación política peruana

La controversia desatada alrededor del voto de los peruanos residentes en el exterior puso de manifiesto un problema mucho más profundo que el resultado de una elección presidencial. Reveló el agotamiento de una concepción territorial de la nación que continúa predominando en buena parte de la clase política peruana. Tanto la derecha como la izquierda siguen imaginando al Perú como un espacio contenido exclusivamente dentro de sus fronteras geográficas, cuando hace varias décadas la sociedad peruana comenzó a desbordar ampliamente ese marco.

La migración internacional transformó estructuralmente al Perú. Millones de peruanos construyeron nuevas trayectorias de vida en América Latina, Norteamérica, Europa, Asia y Oceanía sin romper por ello sus vínculos con el país de origen. La expansión de las comunicaciones digitales, la circulación permanente de personas, capitales, conocimientos y afectos, así como la consolidación de comunidades transnacionales, modificaron profundamente la relación entre Estado, territorio y ciudadanía. Hoy la nación peruana no se agota en el espacio delimitado por sus fronteras; también se construye cotidianamente desde Madrid, Santiago, Buenos Aires, Nueva York, Milán, Tokio, Ciudad de México y centenares de ciudades donde residen comunidades peruanas organizadas.

La diáspora peruana constituye uno de los actores sociales más importantes del Perú contemporáneo. Su aporte no puede reducirse al volumen de remesas que sostiene miles de economías familiares. Los migrantes producen conocimiento, generan inversiones, construyen redes empresariales, difunden la cultura peruana, fortalecen relaciones científicas y académicas, participan en procesos políticos y mantienen vínculos permanentes con sus comunidades de origen. La ciudadanía transnacional dejó hace mucho tiempo de ser una hipótesis académica para convertirse en una realidad constitutiva de la nación peruana.

Paradójicamente, esta transformación histórica no ha sido acompañada por una renovación equivalente de la imaginación política. El Estado peruano continúa diseñando gran parte de sus políticas públicas desde una lógica territorial propia del siglo XX, mientras los principales partidos siguen considerando a la diáspora como un electorado periférico que solo adquiere relevancia durante las campañas presidenciales. La elección de 2026 constituye una demostración contundente de esa contradicción. Cuando el voto de los peruanos residentes en el exterior resultó decisivo para definir la Presidencia de la República, numerosos dirigentes descubrieron súbitamente la existencia de un actor político al que habían ignorado durante toda la campaña.

Esta omisión resulta particularmente evidente en la candidatura de Roberto Sánchez. Su programa de gobierno propuso profundas transformaciones económicas, sociales e institucionales; sin embargo, prácticamente no incorporó una agenda específica para los millones de peruanos residentes fuera del país. No planteó una política integral de ciudadanía transnacional, no desarrolló mecanismos para fortalecer la representación política de la diáspora, no propuso nuevas formas de articulación entre las comunidades migrantes y el Estado, ni formuló una estrategia destinada a convertir el enorme capital humano, económico y cultural de los migrantes en un componente estructural del desarrollo nacional. La nación transnacional permaneció prácticamente invisible dentro de su proyecto político.

Por ello resulta contradictorio que, una vez conocido el resultado electoral, algunos sectores pretendieran responsabilizar precisamente a ese electorado por la derrota. Ningún liderazgo político puede reclamar el respaldo de un sujeto colectivo al que nunca reconoció plenamente como parte de su comunidad política. La representación democrática comienza por el reconocimiento. Antes de pedir el voto, es necesario reconocer la existencia política de quienes integran la nación.

El episodio deja una enseñanza de enorme trascendencia para el futuro del Perú. Ningún proyecto nacional será viable si continúa pensando el país exclusivamente desde Lima o desde las fronteras del Estado. El Perú del siglo XXI es, al mismo tiempo, un país territorial y una nación transnacional. Gobernarlo exige comprender ambas dimensiones. Quien ignore esa realidad estará renunciando a una de las mayores fuentes de riqueza económica, social, cultural y política de la República.

Las elecciones de 2026 marcaron, probablemente, el ingreso definitivo de la diáspora peruana como actor estratégico de la política nacional. Ya no se trata únicamente de un conjunto de ciudadanos que ejercen el derecho al voto desde el exterior. Se trata de una comunidad que participa activamente en la construcción del país y cuya presencia obliga a redefinir las categorías tradicionales con las que el Estado, los partidos políticos y la academia han pensado la nación peruana durante más de un siglo.

 

La oportunidad histórica de Keiko Fujimori

Las elecciones presidenciales de 2026 no solo definieron quién gobernará el Perú durante los próximos cinco años. También dejaron abierta una pregunta de mayor profundidad histórica: ¿continuará el país reproduciendo la cultura política de la confrontación que ha marcado buena parte de su vida republicana reciente o será capaz de inaugurar un nuevo ciclo basado en el reconocimiento democrático y la construcción de una comunidad nacional más amplia?

La respuesta a esa pregunta no depende exclusivamente de Keiko Fujimori. La reconciliación nacional nunca es obra de una sola persona. Exige instituciones democráticas sólidas, una oposición responsable, una sociedad civil activa y una ciudadanía comprometida con la defensa del pluralismo. Sin embargo, corresponde a quien ejerce la Presidencia de la República la responsabilidad de marcar el tono político de una época. El liderazgo democrático no consiste únicamente en administrar el Estado; consiste también en orientar el horizonte moral y político de la nación.

La historia suele ofrecer oportunidades que aparecen muy pocas veces. Paradójicamente, una de ellas se presenta hoy ante quien durante décadas simbolizó para amplios sectores del país la continuidad del fujimorismo. Si el gobierno de Alberto Fujimori representó, para buena parte de la sociedad peruana, la consolidación de un modelo de poder construido en el contexto de la violencia política y de una lógica de confrontación permanente, Keiko Fujimori enfrenta ahora la posibilidad histórica de recorrer el camino inverso. No se trata de renunciar a sus convicciones políticas ni de negar las diferencias ideológicas que existen en el Perú. Se trata de decidir si ejercerá el poder reproduciendo la lógica amigo-enemigo que ha dividido al país durante décadas o si intentará construir una cultura política fundada en el reconocimiento de la pluralidad.

Esa es la verdadera dimensión de su desafío histórico. Puede gobernar administrando una sociedad permanentemente polarizada, donde cada elección renueve las fracturas entre el Perú profundo y el Perú urbano, entre la costa y los Andes, entre Lima y las regiones, entre vencedores y derrotados. O puede asumir que una victoria obtenida por un margen tan estrecho constituye precisamente un mandato para gobernar sin exclusiones, reconociendo que prácticamente la mitad del país expresó una opción política distinta.

La reconciliación democrática no significa uniformidad. No supone borrar los conflictos ni cancelar las diferencias. Por el contrario, implica reconocer que el desacuerdo constituye una condición normal de toda sociedad democrática y que el papel del Estado consiste en crear instituciones capaces de procesarlo sin convertir al adversario en un enemigo irreconciliable. La política deja de ser democrática cuando necesita fabricar enemigos permanentes para justificar su propia existencia.

El Perú del siglo XXI exige una nueva imaginación política. Una imaginación capaz de comprender que la nación está integrada por todas sus sangres, todas sus culturas, todas sus memorias y todos sus territorios; por quienes habitan la costa, la sierra y la Amazonía; por los pueblos indígenas y afroperuanos; por las comunidades campesinas; por las ciudades y los espacios rurales; por los empresarios, los trabajadores, los jóvenes y los adultos mayores. Pero también por los millones de peruanos que viven fuera del territorio nacional y que, mediante sus vínculos económicos, familiares, culturales y políticos, continúan formando parte activa de la comunidad nacional. El Perú ya no puede pensarse únicamente como un Estado territorial; debe asumirse como una nación transnacional.

Ese puede ser el verdadero legado del nuevo gobierno. No únicamente estabilizar la economía, fortalecer la seguridad o impulsar el crecimiento, objetivos indispensables para cualquier administración, sino contribuir a cerrar un ciclo histórico caracterizado por la desconfianza, la polarización y la confrontación permanente. Si la política peruana consigue abandonar definitivamente la lógica de la guerra para construir una cultura política de la paz, la mayor transformación no será el triunfo de un partido ni la consolidación de un liderazgo personal. Será la posibilidad de refundar la convivencia democrática sobre el reconocimiento mutuo, el pluralismo y la dignidad compartida.

Nadie puede anticipar cuál será el camino que elegirá Keiko Fujimori. Esa decisión pertenece exclusivamente a ella y al gobierno que encabezará a partir del 28 de julio de 2026. Precisamente por ello puede afirmarse que la historia le ha colocado frente a una oportunidad excepcional. Puede administrar la polarización heredada y prolongar un ciclo que ha marcado al Perú durante casi medio siglo, o puede intentar inaugurar una nueva etapa de reconciliación nacional. Las oportunidades históricas no garantizan el cambio; simplemente colocan a los actores frente a la posibilidad de hacerlo. El juicio de la historia dependerá, finalmente, de la decisión que adopte.