Exhorta el Congreso a municipios y estado para protección de datos de víctimas y a acelerar investigaciones de feminicidios en Guerrero
- Exigen informes en 15 días a la Fiscalía y a la Secretaría de la Mujer; piden protocolos y bases de datos sobre embarazos en niñas y adolescentes
REDACCIÓN /
Chilpancingo, 2 de diciembre de 2025. El Congreso del Estado aprobó este martes dos exhortos dirigidos a diversas instituciones municipales y estatales para fortalecer la protección de datos personales de víctimas de violencia y para que la Fiscalía General del Estado (FGE) acelere las investigaciones de feminicidios y homicidios de mujeres, niñas, niños y adolescentes en Guerrero.
El primer dictamen, impulsado por las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de Justicia y presentado originalmente por la diputada Claudia Sierra Pérez, plantea que ayuntamientos y dependencias estatales capaciten a su personal en manejo de información sensible, especialmente en casos que involucran a mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de delito.
Al fundamentar el documento, la diputada Leticia Mosso Hernández advirtió que el manejo inadecuado de datos personales puede derivar en revictimización, exposición pública, riesgos para la integridad física y afectación emocional de quienes sufren violencia. Subrayó la necesidad de que las instituciones adopten protocolos de seguridad, mecanismos de supervisión y sanciones ante cualquier uso indebido de la información.
El segundo dictamen, con origen en una propuesta de la diputada Erika Lorena Lührs Cortés, exhorta a la FGE a agilizar las indagatorias de feminicidios y homicidios de mujeres, niñas, niños y adolescentes, y a remitir al Congreso un informe estadístico detallado en un plazo máximo de 15 días, incluyendo el estado procesal de cada caso.
Asimismo, se solicita a la Secretaría de la Mujer brindar asesoría, acompañamiento y seguimiento a víctimas indirectas de estos delitos, así como a casos derivados de embarazos en niñas y adolescentes. La dependencia deberá entregar también un informe en 15 días sobre las acciones realizadas.
De manera paralela, el Congreso hizo un llamado a los 84 ayuntamientos, al Concejo Municipal Comunitario de Ayutla de los Libres y a instituciones como el IMSS-Bienestar y la Secretaría de Salud estatal, para que notifiquen a las autoridades competentes sobre casos de embarazo en niñas y adolescentes y establezcan protocolos, bases de datos y catálogos de servicios que garanticen la atención y protección de derechos durante el embarazo, parto y puerperio.
Las legisladoras destacaron que estas medidas buscan atender vacíos institucionales en la protección de víctimas, así como mejorar la coordinación entre autoridades municipales, estatales y federales ante el incremento de violencias contra mujeres y menores en la entidad.
