junio 5, 2026

FGR acusa a jueza federal de encubrir adquisición ilegal del software Pegasus

  • Apela decisión de no vincular a proceso a exfuncionaria por desvío de más de 460 millones de pesos

REDACCIÓN /

Ciudad de México, 18 de junio de 2025. – La Fiscalía General de la República (FGR) denunció públicamente este miércoles a la jueza federal de control Alejandra Domínguez Santos, luego de que resolviera no vincular a proceso a Judith “G.”, señalada como probable responsable de la adquisición ilícita del sistema de espionaje Pegasus, realizada en 2014 por la entonces Procuraduría General de la República (PGR).

De acuerdo con el boletín 405/25 emitido por la FGR, la audiencia para decidir sobre la vinculación a proceso se llevó a cabo con un retraso de dos años y medio, calificado por la institución como ilegal. La Fiscalía detalló que había imputado a la exfuncionaria por diversos delitos relacionados con su papel en la operación que permitió la compra de Pegasus, por un monto de 460 millones 196 mil pesos, sin que existieran condiciones de urgencia, riesgo o confidencialidad que justificaran dicha adquisición.

En su comunicado, la FGR afirma que Judith “G.” permitió esta operación sin acreditar necesidad institucional, lo que derivó en un daño irreparable al patrimonio público. A pesar de las pruebas presentadas, la jueza resolvió no vincularla a proceso, lo que llevó a la Fiscalía a anunciar que iniciará de inmediato una carpeta de investigación contra la propia juzgadora por posibles delitos contra la administración de justicia, además del recurso de apelación correspondiente.

La operación con Pegasus es uno de los casos más emblemáticos de espionaje ilegal en el país. El software fue utilizado por dependencias gubernamentales para intervenir comunicaciones privadas de periodistas, activistas, defensores de derechos humanos y opositores políticos. La compra se realizó bajo el argumento de fortalecer labores de inteligencia, pero desde 2021 la FGR ha sostenido que fue adquirida a través de mecanismos irregulares que incluyeron el uso de empresas fachada y desvío de recursos.

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