Justicia fiscal. Una deuda pendiente del Estado mexicano
RABO DE NUBE
Geovanni Manrique Pastor /
Acapulco, 14 de octubre de 2026. La discusión sobre el futuro de las finanzas públicas mexicanas no puede reducirse a cuánto recauda el Estado, sino incorporar una pregunta fundamental ¿Para qué, de quiénes y bajo qué principios se obtienen y distribuyen los recursos públicos? En esta interrogante se encuentra uno de los grandes desafíos de nuestra democracia; a decir, deconstruir el sistema fiscal heredado del antiguo régimen para edificar un nuevo sistema fiscal que disminuya sustantivamente las desigualdades sociales y territoriales.
En su reciente artículo Los desafíos del sistema fiscal en México, publicado en El País, el economista Gerardo Esquivel recupera las aportaciones de diversos especialistas que coinciden en la necesidad de revisar estructuralmente nuestro modelo hacendario. Sus reflexiones permiten reconocer que la cuestión fiscal no es exclusivamente económica; constituye, ante todo, un problema de justicia social, legitimidad institucional y capacidad gubernamental.
México como régimen democrático, presidencial y diseñado bajo el modelo federalista, enfrenta una contradicción persistente, consistente en que mientras las demandas ciudadanas de salud, educación, infraestructura y bienestar aumentan, la capacidad financiera del Estado continúa siendo insuficiente. Esta situación se agrava por la desigualdad en la distribución de las cargas tributarias, las limitaciones de la inversión pública y las crecientes obligaciones presupuestarias.
Ello nos conduce ineludiblemente a pensar en la necesidad de un nuevo diseño fiscal que por su simple enunciación genera incomodidades, malestares e incertidumbres; sin embargo, una reforma fiscal no debería entenderse simplemente como la creación de nuevos impuestos, su verdadero propósito tendría que ser la construcción de un sistema progresivo, donde quienes poseen mayores capacidades económicas contribuyan proporcionalmente más, mientras los recursos públicos se administren con eficiencia, transparencia y responsabilidad.
Un aspecto particularmente relevante que debe abordarse con urgencia en la agenda política nacional es el referente al federalismo fiscal; la dependencia financiera de estados y municipios respecto de las transferencias federales limita sus márgenes de autonomía y condiciona sus capacidades de planeación. Esta realidad adquiere especial importancia en entidades como Guerrero, donde las desigualdades regionales, la dispersión poblacional y los rezagos históricos demandan políticas públicas sostenidas y territorialmente diferenciadas.
Fortalecer las haciendas locales no significa trasladar indiscriminadamente mayores cargas a la ciudadanía, sino modernizar la administración tributaria, combatir privilegios, ampliar capacidades institucionales y establecer mecanismos redistributivos que reconozcan las distintas condiciones de desarrollo regional.
Asimismo, resulta indispensable recuperar la confianza ciudadana; en ese sentido, es preciso que las responsabilidades fiscales de los contribuyentes se traduzcan en resultados concretos como la funcionalidad de hospitales, la dignificación de las escuelas y la accesibilidad con calidad de los servicios públicos, para ampliar la legitimidad de la carga tributaria. Sin rendición de cuentas, incluso las propuestas fiscales técnicamente más sólidas enfrentarán resistencias legítimas.
Desde una perspectiva democrática la política fiscal representa, además de un instrumento de financiamiento, las prioridades del Estado y su compromiso con la igualdad sustantiva. En ese orden de ideas, cada decisión presupuestaria implica elegir qué necesidades atender, qué derechos garantizar y qué brechas sociales reducir.
Por ello, es tiempo que nuestros representantes y autoridades políticas en todos los órdenes de gobierno, expresen sus planteamientos con claridad en torno a esta urgente tarea de rediseño institucional. México necesita abrir una discusión pública seria sobre un nuevo pacto fiscal, sustentado en la progresividad tributaria, la corresponsabilidad entre órdenes de gobierno y la eficacia del gasto.
La verdadera fortaleza de un Estado no reside únicamente en su capacidad para recaudar, sino en su capacidad para transformar los recursos públicos en bienestar, derechos y oportunidades para todas las personas. Hoy la Cuarta Transformación de la vida pública de México, no puede eludir la más importante de sus tareas en el mediano plazo en términos de producción de bienestar para las y los mexicanos, transitar hacia un nuevo modelo fiscal que con justicia redistribuya la riqueza para ecrrar las brechas de desigualdad, pobreza y marginación.
