La Izquierda pierde en América, pero ¿en qué condiciones compite?

La matrix Trump/Cerimedo

José Carlos Luque Brazán

La autocrítica progresista caviar respecto a los últimos resultados electorales presidenciales en América Latina, resulta incompleta y autocomplaciente cuando deja fuera del análisis crítico variables como la concentración comunicacional, las campañas de desinformación y la intervención extranjera. Examinar esos poderes es una exigencia democrática.

Generalmente, cuando la izquierda pierde una elección, las explicaciones suelen llegar antes que las investigaciones. Se equivocó de candidato, abandonó los barrios, descuidó la seguridad, habló demasiado para sus convencidos. Cada diagnóstico puede contener una parte de verdad. El problema aparece cuando la suma de errores propios pretende explicar por completo el resultado y las condiciones de la competencia desaparecen del análisis.

Hay una comodidad intelectual en juzgar al derrotado sin examinar los recursos del vencedor. Permite hablar de comunicación sin discutir quién controla sus canales; de preferencias electorales sin investigar cómo se intenta influir sobre ellas; de soberanía popular sin preguntar qué poderes externos intervienen. Eso significa ignorar la matrix Trump/Cerimedo. La izquierda debe responder por su gestión. La derecha debe responder por sus métodos. Una discusión democrática necesita ambas exigencias.

El caso Cerimedo obliga a mirar precisamente esos métodos. La investigación de CIPER sobre el plebiscito constitucional chileno de 2022 documentó que Enrique García, socio chileno de Fernando Cerimedo, aportó recursos a la organización «Unidos somos más fuertes». El medio revisó propaganda financiada por esa organización e identificó al menos tres informaciones falsas y dos engañosas sobre la propuesta constitucional. Aquí hay una relación documentada entre financiamiento y circulación de falsedades, aunque todavía sea otra tarea establecer su incidencia en el voto.

La transcripción de La Base América Latina sitúa ese episodio dentro de denuncias más amplias sobre operadores, consultores y campañas regionales. Su propio argumento contiene una precisión indispensable: esas operaciones no explican por sí solas las victorias de las derechas. También corresponde distinguir la desinformación de una alteración del escrutinio. Son fenómenos diferentes, requieren pruebas diferentes y no pueden darse por demostrados mediante la misma denuncia.

Esa precisión fortalece la crítica. Permite concentrarla en preguntas verificables: quién pagó, qué se difundió, mediante qué cuentas, con qué alcance y bajo qué responsabilidades. Una fotografía acredita un encuentro; no demuestra automáticamente una contratación. Una campaña falsa documentada exige rendición de cuentas; no necesita convertirse en explicación universal para ser grave.

El problema tampoco termina en los operadores. Por encima de ellos están las empresas que administran los espacios donde circula buena parte de la discusión pública.

En enero de 2025, Meta anunció la sustitución de su programa de verificación externa en Estados Unidos por notas comunitarias, cambios en la moderación y una nueva orientación para distribuir contenidos políticos. La empresa presentó esas decisiones como una recuperación de la libertad de expresión. El alcance estadounidense del anuncio impide atribuirle automáticamente los mismos efectos en América Latina. Pero muestra algo fundamental: decisiones empresariales pueden modificar las condiciones de una conversación de enorme relevancia pública.

Llamar «tecnoligarquía» a esa concentración de poder tiene sentido si identificamos su mecanismo: un grupo reducido de propietarios dispone de capacidades extraordinarias para organizar la visibilidad, establecer condiciones de acceso y negociar con los gobiernos. La cuestión democrática consiste en determinar qué controles y obligaciones corresponden a ese poder.

Horkheimer y Adorno ofrecieron una herramienta para examinar la relación entre producción cultural, intereses económicos y dominación. Su crítica de la industria cultural ayuda a formular preguntas sobre las plataformas actuales, aunque estas tengan mecanismos distintos de los medios que ellos estudiaron. Hoy necesitamos investigar cómo se relacionan la publicidad, la selección automatizada de contenidos y los intereses de quienes administran la atención.

Michael Apple añade otra dimensión: las fuerzas conservadoras también disputan qué conocimientos y explicaciones adquieren legitimidad. Una batalla política se libra sobre aquello que termina pareciendo evidente. Presentar toda protección social como privilegio, por ejemplo, puede modificar el terreno de discusión antes de que comience el debate sobre un programa concreto. Ese es el tipo de disputa cultural que su trabajo permite investigar.

La advertencia de Sandel sobre la expansión de los criterios mercantiles resulta pertinente: cuando el dinero organiza ámbitos de la vida común, puede modificar su significado. Aplicada a la comunicación política, la pregunta es cuánto vale la igualdad del derecho a hablar cuando la capacidad de hacerse escuchar depende de recursos tan desiguales. Lo que el dinero no puede comprar.

Las lecturas sobre modernidad permiten situar esta contradicción en una historia más larga. Mary Louise Pratt muestra cómo las promesas modernas de igualdad convivieron con exclusiones, entre ellas la subordinación de las mujeres y la construcción de los pueblos no europeos como otros. Desde esa perspectiva, la distancia entre igualdad proclamada y poder efectivo forma parte del problema histórico de nuestras democracias. La tecnología puede reorganizar esa distancia sin eliminarla.

La intervención extranjera introduce, además, una dimensión que rebasa cualquier discusión sobre estrategias electorales. La operación militar estadounidense del 3 de enero de 2026 en Venezuela culminó con la captura de Nicolás Maduro y su traslado a Estados Unidos. El secretario general de Naciones Unidas expresó preocupación por el respeto al derecho internacional. Este hecho exige discutir soberanía y uso de la fuerza, independientemente del juicio sobre el gobierno venezolano.

La desinformación electoral, las decisiones de una plataforma y una intervención militar no son intercambiables. Tampoco su coexistencia demuestra que todas respondan a una dirección única. Sin embargo, excluirlas del análisis produce una imagen engañosa de la política latinoamericana: una competencia exclusivamente doméstica, resuelta entre candidatos que actúan sobre un terreno neutral.

Reconocer estos poderes tampoco autoriza a despreciar a los votantes. Una persona puede rechazar a la izquierda por experiencias concretas de inseguridad, corrupción o abandono. Puede evaluar de manera distinta sus intereses y sus prioridades. Convertirla en un recipiente vacío de propaganda sería repetir, desde otro lugar, la negación de su capacidad política.

Aquí es especialmente valiosa la distinción de Saurabh Dube entre el modelo del sujeto moderno y los sujetos históricos de la modernidad: poblaciones subordinadas que padecen relaciones de poder y también las transforman. Esa mirada permite pensar una política plebeya capaz de producir interpretaciones, organizaciones y demandas propias.

Para la izquierda, la consecuencia es exigente. Necesita gobernar mejor, escuchar desacuerdos y reconstruir vínculos sociales. También necesita defender condiciones democráticas de comunicación: transparencia del financiamiento, investigación de campañas coordinadas, acceso independiente a información sobre las plataformas y protección del periodismo. Esas garantías deben valer para todos, incluso cuando incomoden al gobierno propio.

La autocrítica pierde capacidad explicativa cuando convierte toda derrota en culpa exclusiva del derrotado. La denuncia también la pierde cuando atribuye cualquier fracaso a una conspiración. Entre ambas simplificaciones hay un trabajo político indispensable: conocer cómo se produce el poder, documentar sus abusos y ampliar la capacidad ciudadana de enfrentarlos.

Quien quiera explicar por qué pierde la izquierda tendrá que examinar sus decisiones. Y tendrá que mirar, con el mismo rigor, cómo ganan sus adversarios. Por eso hoy más que nunca es preciso decir que las batallas contra la extremas derechas, son batallas contra el imperio y por lo tanto la confrontación es desigual. Sin embargo aún hay patria ciudadanas y ciudadanos.