MARIELA DÍAZ SANDOVAL / *
Acapulco, 26 de enero de 2026. La reforma electoral que impulsa el gobierno federal no inició su proceso de deliberación en el Legislativo, sino en la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, instancia creada por la titular del Ejecutivo, dando lugar a una serie detensiones en el debate público. Recordemos que durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador se impulsó, sin éxito, la reforma electoral. Por tanto, de aprobarse, representará uno de los cambios constitucionales más importantes en los gobiernos de la 4T.
Ahora bien, ¿por qué es importante analizar la discusión en torno a un documento que aún no ha sido difundido? Porque el debate público está revelando las posturas de los actores políticos en torno a la democracia y la defensa de susprivilegios. Para asomarnos al ‘corazón de las tinieblas’, en sentido conradiano, es relevante considerar el qué se dice, por qué y para qué. Mucho se ha discutido en torno a temas puntuales (la improbable disminución de plurinominales y el recorte al presupuesto de partidos políticos, del INE y los OPLES), sin ánimo de posicionarnos a favor o en contra de estas posibilidades, lo relevante es el conflicto político y los argumentos utilizados para defender o cuestionar los privilegios de las élites políticas y partidistas.
La creación de la Comisión desplazó la interlocución a la Secretaría de Gobernación, lo que significa que la Presidencia no ha negociado directamente con los aliados estratégicos de MORENA -el PT y el PVEM-, aún cuando llegar a acuerdos con estos partidos es fundamental para la aprobación de la iniciativa. Las tensiones han surgido por las declaraciones de la presidenta en torno a la necesidad de reforzar los mecanismos de democracia participativa, eliminar las “listas de cúpula” para definir candidaturas plurinominales, y la reducción del gasto a partidos políticos,pues éstas trastocan los intereses del PT y el PVEM, cuyos éxitos electorales se explican por la limitada democracia interna en sus procesos de toma de decisiones. Ambas fuerzas han esgrimido argumentos que resultarían convincentes de no conocer su trayectoria organizativa. Mientras el PT ha mostrado un interés por la unidad, el PVEM ha sido más renuente, con afirmaciones como la del senador Luis Armando Melgar quien afirma que su partido es “aliado, no palero”. Sin embargo, el punto neurálgico es su defensa a las condiciones que han permitido su éxito electoral.
Las afirmaciones de la presidenta sobre que sea la ciudadanía quien defina los integrantes de las listas plurinominales son motivo de alarma para todas las dirigencias partidistas por razones bien fundadas. Se trata de una crítica que alcanza a la oposición, pues de la débildemocracia interna se han beneficiado figuras comoRicardo Anaya, Alejandro Moreno Cárdenas y Marko Cortés. Como respuesta, la oposición ha nombrado a la iniciativa Ley Maduro, con un llamado a defender “la democracia”, evidenciando que, aun cuando no conocemos el contenido de la iniciativa, la disputa central gira en torno a la legitimidad de quién define las reglas.
Esta coyuntura también ilustra el lugar en que el ejecutivo coloca al bloque opositor, definiendo qué adversarios son relevantes. Mientras que sobre la iniciativa de Lorenzo Córdova señaló que no coincidía con su planteamiento, la propuesta de Claudio X. González fue descalificada como “bastante mala”. Esto no es menor: se trata de redefinir quiénes son los interlocutores legítimos en la disputa política.
De aprobarse la iniciativa presidencial, podríamos observar una transformación en el sistema electoral y de partidos; no obstante, más que anticipar la desaparición del modelo de partidos cartel, lo que está en juego son sus reglas, mecanismos y legitimidad. En lo local, estas lógicas se muestran en la definición de las candidaturas y alianzasque excluyen a los militantes y ciudadanos de la toma de decisiones. Finalmente, será a más tardar en la segunda semana de febrero cuando conozcamos la iniciativa de reforma electoral.
*Mariela Díaz Sandoval es coordinadora de la Maestría en Ciencia Política en el Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados Ignacio Manuel Altamirano de la Universidad Autónoma de Guerrero, donde desarrolla investigación, docencia y formación de posgrado.
Es doctora en Investigación en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (sede México), maestra en Sociología Política por el Instituto Mora y licenciada en Sociología por la UAM Xochimilco. Durante su formación académica obtuvo el Diploma a la Investigación por su trabajo terminal de licenciatura “Corrupción política y legitimidad en la transición política mexicana”. Actualmente es integrante del Sistema Nacional de Investigadores, en el nivel Candidato.
Ha realizado estancias de investigación en el Laboratorio para el Análisis de la Corrupción y la Transparencia de la Universidad Nacional Autónoma de México y en el Edmond J. Safra Center for Ethics de la Universidad de Harvard.
Forma parte de la Red Latinoamericana de Estudios Subnacionales (RELADES) y participa como árbitra académica en publicaciones especializadas, entre ellas Mexican Law Review, revista del padrón Conacyt adscrita a la UNAM y a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales del Estado de México.
En el ámbito docente, ha impartido clases en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán.
Además, ha colaborado como consultora en proyectos del Public-Private Infrastructure Advisory Facility y del World Bank Group, participando en diagnósticos sobre privatización de servicios públicos en México, incluidos los reportes Benchmarking Public-Private Partnerships Procurement 2017, Procuring Infrastructure Public-Private Partnerships Report 2018 y Benchmarking Infrastructure 2020.
