JOSÉ CARLOS LUQUE BRAZÁN /
Ciudad de México, 29 de enero de 2023.
Una de las características de los gobiernos autoritarios en América Latina fue su creciente soledad política. Pasó con las dictaduras en Chile y Argentina hace unas décadas, pasó con la dictadura de Fujimori a inicios de este nuevo milenio y lo vemos nuevamente en el Perú actual con el gobierno de Dina Boluarte.
En el marco de la VII Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y caribeños (CELAC), celebrada el 24 de enero de 2023, en Buenos Aires, los gobiernos de Argentina, México, Colombia, Bolivia y Chile han condenado las políticas represivas del gobierno autoritario de Dina Boluarte. Las declaraciones de los cuatro presidentes o sus representantes diplomáticos antes mencionados fueron contundentes: el gobierno peruano está violando los derechos humanos de miles de sus ciudadanos. Hasta el momento más de sesenta ciudadanos y ciudadanas han sido asesinadas por miembros de las fuerzas policiales y armadas en los últimos dos meses, además millares de personas han sido detenidas y reprimidas en este contexto.
La soledad del gobierno de Dina Boluarte es un síntoma de su accionar represivo: solo es respaldado por los partidos de derecha de orientación neo-fujimorista y las Fuerzas Armadas peruanas. En tanto, el apoyo internacional hacía la coalición de Dina Boluarte y el Congreso de mayoría neo fujimorista es casi nulo e inexistente. Hasta el momento el gobierno de Boluarte solo ha sido reconocido por Estados Unidos, Inglaterra, Brasil y Ecuador. Hay en la comunidad internacional dudas sobre la legalidad y legitimidad de dicho gobierno.
En donde sí hay un consenso internacional es en una creciente preocupación por los innumerables casos de violaciones a los derechos humanos producidas por las fuerzas del orden enviadas por el gobierno peruano para contener la protesta popular, la cual pese a la magnitud de la represión ejercida por el Estado sigue en ascenso.
Según las últimas encuestas, la confianza ciudadana hacia el Ejecutivo y el Congreso peruano va en picada, ambos cuentan con una aprobación que va en el orden del 8%, según algunos barómetros de prestigio como Latinobarometros y el Instituto de Estudios Peruanos (IEP). Ante tamaña impopularidad, al gobierno y la élite política neofujimorista solo les queda la represión policial y militar, suspender las garantías constitucionales para ganar tiempo e introducir reformas electorales que les den garantías de contar con las instituciones electorales de su parte para continuar en el poder.
La crisis peruana va en ascenso y se está iniciando un proceso de radicalización que ya está afectando la circulación y comercio de alimentos y bienes de primera necesidad, sin embargo, la cerrazón de la mayoría neofujimorista en el congreso es torpe y soberbia, el día 29 de enero del 2023, votaron por el no adelanto de elecciones, incluso el congresista fujimorista, Ernesto Bustamante, le solicitó al Ejército Peruano invadir Bolivia para impedir el supuesto flujo de armas y municiones bolivianas hacia los movilizados en contra del gobierno de Dina Boluarte. La intervención racista y fascista del mediocre parlamentario fujimorista quien llegó al Congreso con menos de 25 mil votos, expresa de manera elocuente la solución política de la alianza establecida entre Dina Boluarte y la mayoría neofujimorista: la militarización del país y la represión indiscriminada en contra de la protesta popular. En este marco, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, volvió a mencionar esta semana que la mejor solución a la crisis peruana es el método democrático.
Solución sensata que seguramente no será escuchada por la recalcitrante derecha neofujimorista ni por su títere de turno, Dina Boluarte. Por ahora, la suerte está encaminada a la polarización del conflicto. La sangre del pueblo peruano seguirá siendo derramada en medio del olor del gas lacrimógeno de la política represiva de Dina Boluarte.
Analista político y consultor internacional: jose.luque@uacm.edu.mx
