• La industria petrolera venezolana enfrenta un desplome histórico por el bloqueo estadounidense
REDACCIÓN /
Acapulco, 6 de enero de 2026.— El dirigente venezolano Nicolás Maduro se declaró este lunes “prisionero de guerra” durante su comparecencia ante un tribunal federal de Manhattan, donde se declaró no culpable de cargos por narcoterrorismo y conspiración para introducir cocaína a Estados Unidos. La afirmación, realizada durante la audiencia de procesamiento, buscó cuestionar la legalidad de su captura tras la incursión de fuerzas especiales estadounidenses en Caracas el pasado sábado.
De acuerdo con The New York Times, Maduro sostuvo que no es un acusado penal común, sino un jefe de Estado “secuestrado” en el marco de una acción militar, y no de una operación de aplicación de la ley, como ha sostenido el gobierno del presidente Donald Trump. El juez federal Alvin Hellerstein frenó los alegatos del exmandatario venezolano sobre la legalidad de su detención, al señalar que habrá un momento procesal para discutir esos puntos.
Especialistas citados por el diario estadounidense indicaron que, aunque el acusado invoque el derecho internacional o la Convención de Ginebra, el proceso seguirá su curso como un caso penal ordinario. El académico Daniel Richman, exfiscal federal, explicó que la figura de “prisionero de guerra” difícilmente tendrá efectos jurídicos en un expediente por delitos personales. Maduro y su esposa, Cilia Flores, permanecen recluidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn mientras el caso avanza.
La captura de Maduro ocurre en un contexto de creciente tensión entre Washington y Caracas, con un despliegue militar estadounidense en el Caribe y una narrativa oficial que ha oscilado entre presentar la operación como un acto policial y, al mismo tiempo, enmarcar la relación con Venezuela en términos de conflicto armado.
Crisis petrolera en puerta
En paralelo al proceso judicial, Venezuela enfrenta un escenario crítico en su industria petrolera. Según proyecciones internas citadas por The New York Times, el bloqueo parcial impuesto por Estados Unidos podría paralizar más del 70% de la producción de crudo este año. La producción nacional, que rondaba 1.2 millones de barriles diarios a finales de 2025, podría caer por debajo de los 300 mil barriles hacia finales de 2026.
La estatal PDVSA ha recurrido al almacenamiento temporal de crudo y al uso de petroleros como depósitos flotantes, una estrategia que solo le daría margen hasta finales de enero. De mantenerse las sanciones y la incautación de buques, el gobierno venezolano prevé una reducción drástica de ingresos públicos, con impactos directos en importaciones, servicios básicos y empleo.
En el peor escenario, la producción quedaría limitada a los yacimientos operados por la empresa estadounidense Chevron, la única con autorización vigente para exportar crudo venezolano, lo que anticipa un golpe severo a la economía del país y un aumento del riesgo de crisis humanitaria.
