Morena rumbo a 2027: nueva dirigencia y conflictos por las gubernaturas
MARIELA DÍAZ SANDOVAL /
Acapulco, 19 de mayo de 2026. Al asumir la dirigencia nacional de Morena, Ariadna Montiel pronunció un discurso contundente: quienes aspiren a ser candidatos de su partido en 2027 deberán tener una trayectoria impecable y, en caso de comprobarse su participación en actos de corrupción, serán excluidos de la contienda. El mensaje se dio cuatro días después de que el gobierno de Estados Unidos acusara a Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, de haber recibido sobornos y operar a favor de “Los Chapitos”, una escisión del Cártel de Sinaloa.
Sin embargo, Sinaloa no es el único caso que preocupa a la dirigencia de Morena, pues en la próxima contienda se disputarán 17 gubernaturas, de las cuales 12 se encuentran bajo el control de Morena. En varias se advierten focos rojos, en donde destacan disputas internas por las candidaturas, malos resultados en materia de seguridad, crecimiento de la oposición y crisis de legitimidad de algunos gobiernos. En este contexto, la pregunta que surge es la siguiente: ¿qué tensiones puede generar, rumbo a 2027, la centralización del proceso de selección de candidaturas en la Comisión Nacional de Elecciones de Morena frente a los liderazgos y los distintos centros de poder construidos por el propio partido en los estados?
En otros espacios he señalado que, desde el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, se han impulsado distintas estrategias para limitar el peso de ciertos actores políticos dentro del partido. Los recientes cambios en MORENA y en el gobierno federal parecen responder a la misma preocupación. La llegada de Ariadna Montiel y Citlalli Hernández al partido tiene como objetivo el control de candidaturas y alianzas rumbo al 2027.
El caso más preocupante es Sinaloa, con una crisis de legitimidad que ha obligado a la dirigencia del partido a insistir en la honorabilidad de los perfiles que busquen competir por cargos de elección popular. Sin embargo, hay otros estados que también exhiben señales de desgaste. En Campeche, Layda Sansores nuevamente destaca por un desempeño cuestionable, lo que ha creado condiciones para una posible alternancia en el gobierno, como ya ocurrió tras su gestión como alcaldesa en Álvaro Obregón (CDMX). En Zacatecas, David Monreal llega a la recta final de su gobierno con un evidente desgaste, en medio del conflicto por la sucesión y el peso político de su familia.
Las disputas también se han mostrado en Baja California y Baja California Sur, donde la oposición podría rearticularse si MORENA procesa inadecuadamente la selección de candidaturas. Guerrero constituye otro caso complejo. Al igual que en 2021, el peso del Ejecutivo en la definición de la candidatura vuelve a estar presente. Aunque las encuestas y sondeos disponibles sugieren que Morena lleva una importante ventaja en la disputa por la gubernatura, el principal riesgo no es la oposición, sino las fracturas internas y la necesidad de articular alianzas con liderazgos y poderes locales, cuya incorporación puede ser eficaz en términos territoriales, pero potencialmente costosa en legitimidad y capacidad de gobierno.
A ello se suma que las alianzas de la coalición Morena-PT-PVEM parecen no ser automáticas. Como señalé en columnas anteriores, el rechazo del Plan A trasladará buena parte del conflicto al orden subnacional. San Luis Potosí es un ejemplo claro. A pesar de la reforma contra el nepotismo, el PVEM mantiene amplias posibilidades de competir por la gubernatura con Ruth González Silva, esposa del gobernador Ricardo Gallardo, quien ha contribuido a consolidar la estructura territorial de ese partido en la entidad. En conclusión, rumbo al 2027, la dirigencia encabezada por Ariadna Montiel enfrentará un doble desafío: ordenar los conflictos internos en Morena y administrar las tensiones con aliados regionales que se han fortalecido al amparo de la coalición oficialista.
