Poco a poco, en distintas regiones del país, se va imponiendo una lógica cruenta: los periodistas pueden ser asesinados para acallarlos.
Es una lógica criminal y altamente antidemocrática. Con todas sus fallas, la prensa es un elemento constitutivo de la democracia; sin información un país no puede ser libre, y sus ciudadanos no pueden tomar decisiones.
Por ello resulta evidente en los últimos casos de asesinatos y ataques a periodistas, que hay una intención ya sea concertada o no, para inhibir el ejercicio periodístico, y también que quienes están cometiendo estos hechos han planteado la premisa de que se mata a periodistas porque se puede, porque ninguna autoridad va a detener a nadie, y porque la prensa misma, desorganizada, no será capaz de generar una reacción tal que frene los ataques en su contra.
En lo que va de este sexenio los ataques a los periodistas han sido sistemáticos y han golpeado fuerte. En ese sentido, parece que Veracruz fue el laboratorio para medir los alcances de este tipo de acciones, ya que una veintena de comunicadores fue asesinada de manera totalmente impune durante el mandato de Javier Duarte.
Dos colaboradores de la revista Proceso fueron asesinados después de haber sido amenazados de varias maneras en la era duartista veracruzana; y en 2017 dos corresponsales del periódico La Jornada han corrido con la misma suerte. Este miércoles, además de Javier Valdez, el autor del libro Narcoperiodismo, fue asesinada a balazos la subdirectora del semanario El Costeño, Sonia Córdova, en Jalisco.
En marzo fueron asesinados Cecilio Pineda en Guerrero, Miroslava Breach en Chihuahua, y Ricardo Monlui en Veracruz. En abril, en La Paz, el periodista Maximino Rodríguez fue asesinado.
En mayo, el 2, fue asesinado Filiberto Álvarez, reportero de radio de Morelos; y ayer 15, fue victimado Javier Valdez y fue baleada Sonia Córdova.
Todos ellos eran periodistas en activo, y los corresponsales de La Jornada, Miroslava Breach y Javier Valdez, eran figuras icónicas del periodismo en sus regiones.
En Guerrero, el viernes pasado siete reporteros que cubrían el conflicto armado en San Miguel Totolapan fueron asaltados, golpeados y despojados de sus equipos por unos 100 sicarios al parecer del grupo delictivo La Familia Michoacana, que actuaron y se desplazaron sin ningún problema en medio de la presencia de casi mil efectivos del Ejército, la Policía Federal y la Policía del Estado y en un tramo carretero cubierto por dos retenes militares. Pero antes, la entidad padeció el asesinato de Francisco Pacheco Beltrán en Taxco y Cecilio Pineda en la Tierra Caliente.
Las autoridades, mientras tanto, ha guardado silencio. No es solo un silencio que pudiera caracterizar el rubor de su ineficiencia, es un silencio de complicidad. Parece que en todo el país el gobierno tiene misma premisa, de dejar que el tiempo pase para no aclarar ningún asesinato, y con ello dejar un mensaje ominoso: se puede matar periodistas, sí se puede; no pasa nada.
Las muestras de condolencia o de condena del Presidente de la República o de los gobernadores no sirven de nada. Lo que se necesita es que haya resultados, no más palabras, solo hechos.
Nos están matando. Lo hacen porque se puede.
