* La investigación sobre Huitzuco ha detectado a policías federales y municipales como operadores del traslado de 25 normalistas, señala el abogado de los padres
* Aguirre, Iñaki, el ex alcalde, su secretario de Seguridad y “toda la clase política de la zona Norte” aparecen señalados en el expediente, afirma
REDACCIÓN /
Acapulco, 12 de marzo de 2017. El ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, el exprocurador Iñaki Blanco Cabrera, varios comandantes de la Policía Federal, y de la policía municipal de Huitzuco, el ex alcalde en 2014, Norberto Figueroa Almanzo; su secretario de Seguridad Pública y “toda la clase política de la Zona Norte” aparecen con señalamientos de responsabilidad penal en la desaparición de los 43 normalistas, de acuerdo con datos del expediente, informó el abogado de los padres de los estudiantes, Vidulfo Rosales Sierra.
Entrevistado en este puerto, tras acudir a la asamblea del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota, Rosales Sierra señaló que esta responsabilidad está relacionada con “la agresión o en el encubrimiento a las personas que agredieron”.
Explicó que estos nuevos datos han surgido a partir de que se empezó a seguir la línea de Huitzuco, sugerida por el Grupo Interdisciplinarios de Expertos Independientes (GIEI) una vez que se descartó la teoría de que los normalistas fueron incinerados en el basurero de Cocula.
Rosales Sierra se negó sin embargo a detallar las características de esa responsabilidad penal porque, aclaró, ello compromete a la investigación.
Señaló que el GIEI recomendó abrir cuatro nuevas líneas de investigación en torno a la desaparición de los estudiantes: la participación del Ejército; el trasiego de la droga como posible móvil de la agresión; la ruta a Huitzuco; y lo referente a las llamadas telefónicas en alrededor de 3 mil teléfonos que estuvieron involucrados en los hechos de Iguala.
Dijo que de estas cuatro, la más avanzada es la de Huitzuco, donde se ha determinado la participación de varios comandantes de la Policía Federal y de la Policía Municipal en el traslado y ulterior desaparición de 25 estudiantes. Dijo que estas personas ya fueron identificadas plenamente y cómo participaron, solo falta que se ejerza la acción penal, lo que la autoridad no ha hecho hasta el momento.
En el caso de Aguirre Rivero e Iñaki Blanco, señaló que también el señalamiento hacia ellos está en el expediente.
-¿Ángel Aguirre e Iñaki Blanco entran directamente, o porque eran los jefes, por ejemplo Aguirre como jefe político del estado? –se le preguntó.
-Ellos entran de manera directa. Hay responsabilidades. Yo no te las puedo adelantar ahora, porque eso compromete la investigación. Yo no te puedo decir en qué consiste, pero hay una responsabilidad que tienen ellos, muy delineada ya, de manera directa, en el expediente, en la agresión o en el encubrimiento a las personas que agredieron. En esos dos niveles hay responsabilidades penales que deben estarse trabajando, pero el problema es ese, el problema es que no hay una voluntad política para avanzar e ir definiendo, fincando esa responsabilidad e ir construyendo todos esos datos, eso no lo hay; hay una omisión para poder caminar en esa dirección.
Por otra parte, Rosales Sierra señaló que hay un interés del gobierno actual en mantener la investigación en un nivel de poco avance, para dar tiempo a que llegue el 2018 y con ello la sucesión presidencial, para que sea la próxima administración la que se encargue de darle seguimiento al caso.
