ONG piden fortalecer acusación contra Aguirre y abrir camino a la justicia
- Tlachinollan, Fundar, Serapaz y Centro Prodh señalan como pendientes la entrega de información de inteligencia militar y la extradición de Tomás Zerón para avanzar en el esclarecimiento del paradero de los 43
REDACCIÓN /
Chilpancingo, 12 de agosto de 2026.- Organizaciones defensoras de derechos humanos señalaron que la investigación complementaria contra el exgobernador Ángel Aguirre Rivero deberá fortalecer y confirmar la solidez de la acusación en su contra y abrir camino para saldar la deuda de justicia con las familias de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Fundar, Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz) y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) fijaron postura luego de que Aguirre Rivero fuera vinculado a proceso por su probable participación en el delito de desaparición forzada.
Las organizaciones señalaron que el exgobernador fue vinculado a proceso a partir de las declaraciones de dos testigos colaboradores, quienes aseguran que ordenó destruir evidencia relacionada con videograbaciones realizadas en el Palacio de Justicia de Iguala, sitio donde habría sido detenido un grupo de estudiantes cuyo paradero se desconoce.
El juez concedió un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria, periodo que, de acuerdo con las organizaciones, deberá servir para “robustecer y confirmar la solidez de la acusación y abrir camino para saldar esta deuda de justicia con las familias de los estudiantes desaparecidos”.
Aguirre Rivero gobernaba Guerrero cuando ocurrieron los ataques contra los normalistas de Ayotzinapa la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, en Iguala.
Sin embargo, las cuatro organizaciones advirtieron que la vinculación a proceso del exmandatario no agota los asuntos pendientes en la investigación del caso.
“A casi 12 años de los hechos, el esclarecimiento pleno del caso continúa con pendientes urgentes”, señalaron.
Entre éstos mencionaron la entrega de información de inteligencia militar que pueda contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido y al conocimiento del paradero de los estudiantes.
También señalaron como pendiente la extradición de personas relevantes para las investigaciones, “en particular la del entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la entonces PGR”.
Se refieren a Tomás Zerón de Lucio, quien encabezó la Agencia de Investigación Criminal durante la investigación inicial del caso Ayotzinapa y cuya extradición a México permanece pendiente.
Las organizaciones insistieron en que tanto el acceso a la información militar como la extradición de Zerón son asuntos que deben atenderse para avanzar en el conocimiento del paradero de los 43 estudiantes desaparecidos.
