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DALIRI OROPEZA   /

Puebla, 31 de octubre de 2019. Trabajadores resguardados por la policía estatal de Puebla y la Guardia Nacional entraron este miércoles con maquinaria al municipio de Juan C Bonilla, para iniciar la construcción del drenaje de deshechos tóxicos que desembocaría al río Metlapanapa.

Integrantes de las cuatro comunidades nahuas (Ometoxtla, Cuanalá, Zacatepec y Nextetelco) de este municipio de Puebla salieron a la carretera Cholula-Huejotzingo, en el entronque que lleva al aeropuerto Internacional de Puebla, pues la maquinaria operaba a un costado de donde está el río.

Los pobladores intentaron detener las máquinas de empresas constructoras que quieren realizar las obras del drenaje para residuos tóxicos que desemboque en su río, pero los policías estatales lo impidieron.

El ingreso de la maquinaria ocurrió después de que el representante legal de los empresarios participara en una asamblea con pobladores. Un día antes, las comunidades solicitaron una inspección judicial por contaminación en el río Metlapanapa.

En un informe ante el juez Primero de Distrito de Puebla, donde las comunidades tramitan un amparo, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) asegura que las empresas no tienen permisos para descargar sus aguas en el Metlapanapa.

“A la fecha no se cuenta con solicitudes ni validaciones de la obra”, dice el documento de la Conagua, proporcionado por el abogado Juan Carlos Flores.

En la asamblea del sábado pasado realizada en Ometoxtla, las comunidades reiteraron que no dan permiso de construir el drenaje tóxico frente al representante de los empresarios. Firmaron una segunda acta de asamblea en donde niegan la autorización a la zona industrial para que construya en el municipio de Juan C Bonilla.

Maquinaria escoltada

La policía llegó desde las siete de la mañana, antes que las máquinas.

“Cuando llegamos, al policía recibió la orden y comenzaron a resguardar las máquinas”, asegura un integrante de la comunidad que prefiere el anonimato por seguridad. Describe que los policías comenzaron a hacer una valla para que las personas no pasaran a donde estaba la maquinaria excavando.

“Las mujeres se metieron (en la valla), y los policías las empujaron, les pegaron con las macanas, y las aventaron para que no estuvieran cerca”, narra el habitante de Cuanalá. “Ese momento fue muy tenso, por lo cual decidimos replegarnos hacia el puente de Zacatepec donde bloqueamos otras tres horas”, relata.

Quienes protestaban sacaron dos tubos grandes que habían colocado los operadores de la maquinaria y los dejaron en medio de la carretera. La policía quería llevarlos de vuelta, pero no pudieron. La Guardia Nacional estuvo todo el tiempo presente en la carretera y el Ejército realizó rondines.

Pese a la protesta y el cierre de las carreteras, la maquinaria nunca se detuvo. Un delegado de la Secretaría de Gobernación de Puebla buscó la manera de que siguieran los trabajos y acusó a los pobladores de ser ellos quienes no quieren negociar.

“No se prestaron al diálogo”

“Cómo van a querer diálogo si llegan con policía, eso es violencia”, denunció el habitante de Cuanalá.

“No se prestaron al diálogo, por eso movimos los tubos para avanzar más y ahí se escuchó un fuerte estruendo, era un policía que tenía un arma que no identificamos si saca gas o balines. En ese momento lanzaron el gas del extinguidor y nos enojamos, fue cuando comenzamos a arrojarles las piedras”, relata el testigo.

Quienes protestaron aseguran que las provocaciones fueron por parte de la policía.

Los militares quisieron intervenir, pero los integrantes de las comunidades que estaban protestando les impidieron el paso.

“Los policías nos comentaron que fueron enviados por los empresarios (…). Responsabilizamos a Miguel Barbosa, gobernador de Puebla, y a los empresarios del parque Industrial de Huejotzingo, por las agresiones. Ellos están haciendo todo esto al amparo de la corrupción”, denuncia un integrante de la comunidad de Zacatepec, que también participa en la radio comunitaria.

Denuncian a autoridades

Las cuatro comunidades nahuas interpusieron un amparo desde la semana pasada en contra 20 autoridades municipales, estatales y federales, de acuerdo con el abogado Juan Carlos Flores.

Entre los denunciados está el presidente municipal Joel Lozano Alameda, quien lleva más de un mes ausente del municipio, a quien las comunidades responsabilizan de la entrada de la maquinaria.

El amparo interpuesto es por la violación al derecho de autodeterminación de la comunidad, pues ya habían decidido e informado a las autoridades que no autorizan que se instale el proyecto de drenaje industrial, pero también por el derecho al medio ambiente y las afectaciones a su río, que es parte de su territorio, detalla el abogado Flores.

Asamblea urgente

Las comunidades explican que la Asociación De Empresarios Del Parque Industrial Ciudad Textil De Puebla A.C. ha contaminado los ríos, incluido el Atoyac, que es el tercer más contaminado de México, sin respetar la NOM-001-SEMARNAT-1996.

“Ante los medios nosotros somos los que agreden, para justificar sus agresiones. Pero hoy ya nos dieron una señal, estaba la Guardia Nacional, la gendarmería de blanco y los militares de verde. Llegaron con grúas. Los policías municipales participaron como de tráfico. Quieren imponer el proyecto de drenaje industrial”. Integrantes de las comunidades denuncian al periódico El Sol de Puebla, Imagen TV y López Díaz.

Las comunidades convocaron a una asamblea urgente. Buscan solicitar la destitución del presidente municipal Joel Lozano Alameda.

Cortesía: https://piedepagina.mx/

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