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* Se trata de un principio constitucional que se refiere a la participación equilibrada, justa y legal, que asegura que las mujeres tengan una participación y representación igualitaria en la vida democrática, dijo Marco Antonio Cabada

REDACCIÓN  /

Chilpancingo, 19 de marzo de 2021. Con el propósito de incorporar el principio de paridad de género en la estructura y funcionamiento del Congreso, que permita una participación y representación equilibrada de mujeres y hombres en los espacios de toma de decisiones, el diputado Marco Antonio Cabada propuso reformar la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado.
En su propuesta, el legislador expone que la paridad de género en el país es un principio constitucional que se refiere a la participación equilibrada, justa y legal, que asegura que las mujeres, en toda su diversidad, tengan una participación y representación igualitaria en la vida democrática de México.
Dijo que el año pasado el Senado de la República aprobó reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecer la obligatoriedad constitucional de observar el principio de paridad en la integración de los Poderes de la Unión, y que este esquema debe ser igual para los estados y ayuntamientos.
Además, manifestó que, como resultado de las luchas de las mujeres y el compromiso de la primera legislatura paritaria de la historia de México, se aprobó incorporar la paridad en todo, lo que representa un logro sin precedentes para avanzar hacia una participación equilibrada de mujeres y hombres en los puestos de poder y de toma de decisiones en la vida política, económica y social, lo que se considera también un indicador de la calidad democrática de los países.
Por esta razón, el legislador considera que el Congreso debe dar el ejemplo y enfocarse en que su estructura se base en este principio primordial, adicionándolo a la Ley Orgánica que contiene el organigrama, nuestras facultades y sanciones como parte de esta y todas las legislaturas.
Lo que se plantea es determinar las reglas y los procedimientos internos que hagan más eficiente la estructura del Poder Legislativo y eficaz su funcionamiento, garantizando, promoviendo, protegiendo y respetando los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, igualdad, paridad de género, interdependencia, indivisibilidad y Progresividad.
La propuesta se turnó a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos para su análisis y emisión del dictamen correspondiente.

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