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* Hoy inicia un proceso esperanzador, pese a la desolada crisis humanitaria que atravesamos, dice al instalarse la Comisión de la Verdad y la Justicia

REDACCIÓN    /

 

Chihuahua, 10 de diciembre de 2021. En representación de los colectivos de familiares de víctimas y sobrevivientes de la contrainsurgencia del Estado, la guerrerense Tita Radilla Martínez expresó que “hoy inicia un proceso esperanzador, pese a la desolada crisis humanitaria que atravesamos”, al participar en el evento de instalación de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico e Impulso a la Justicia de Violaciones Graves a los Derechos Humanos entre 1965 y 1990.

Demandó que se abran todos los archivos e instituciones militares donde pueda haber información sobre las violaciones graves, que no se escatimen recursos para hacer investigaciones que debieron hacerse hace décadas, y que la reparación a las víctimas y sus familiares se lleve a cabo de acuerdo a los más altos estándares internacionales. “Nada más, pero nada menos”, sentenció.

“Que nunca más un militar genocida escape de la investigación ministerial y la justicia civil, como Arturo Acosta Chaparro y Francisco Quiroz Hermosillo”, exigió.

Ante el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, así como de los titulares de la Sedena, Marina, Secretaría de Seguridad, y del subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, la hija del desaparecido Rosendo Radilla Pacheco, denunció que desde 1965 hasta 2018 nueve mandatarios nacionales ordenaron la simulación sobre la investigación y castigo a los responsables de las violaciones graves a los derechos humanos.

 “Asimismo -agregó-, se han negado a reparar individual, colectiva e integralmente, a las víctimas y sus familiares por los daños morales y materiales sufridos. En este país, se prohibió hablar de nuestra historia, no se garantizó que las graves violaciones jamás se repitieran, y convirtieron a esta nación en un país de fosas y de personas ausentes”.

“Sabemos -precisó- que cualquier acción contrainsurgente involucró al Poder Judicial federal y locales, cuyos operadores sin recato alguno, violaron el debido proceso, jueces y magistrados negaron como pruebas las huellas de las torturas infringidas en las personas procesadas, iniciaron procesos y dictaron sentencias basándose en confesiones arrancadas bajo tortura. Conocemos de sobrevivientes que permanecieron hasta siete años en prisión política sin sentencia de por medio”.

Tita Radilla comenzó su exposición recordando que en Chihuahua “la reacción virreinal asesinó a Miguel Hidalgo el 30 de junio de 1811”; muchos años después, un gobernador chihuahuense, Práxedes Gíner Durán, reprimió a los universitarios que atacaron el cuartel militar de Madera, el 23 de septiembre de 1972, con una frase: “querían tierra, échenles tierra hasta que se harten”; en 1972, otro gobernador, Óscar Flores Sánchez, conoció la ejecución de tres jóvenes que habían sido detenidos y estaban en instalaciones de la Policía Judicial, sin investigar ni menos castigar a sus subordinados; y luego como titular de la PGR fue el mismo que negó “que nuestros familiares habían sido desaparecidos sistemática y forzadamente por el Estado”; Fernando Baeza, quien había sido su secretario particular y también gobernó Chihuahua, nunca declaró sobre las violaciones graves a derechos humanos que conoció, y en septiembre de este año, la fracción panista en el Congreso del estado, se negó a rendir homenaje a los jóvenes caídos en Madera en 1965.

“La cancelación de la historia subterránea y negada, la de hombres y mujeres protagonistas que hoy nos convocan, nos alerta, a pensar que la reacción sigue gobernando desde este estado”, señaló, pero también alertó que historias similares existen en diversos estados, entre ellos Guerrero y particularmente Atoyac de Álvarez.

Sostuvo que el acto protocolario para la instalación de la Comisión de la Verdad no debió haber existido nunca, porque “nuestros padres, madres, hermanos, hermanas, parejas, hijos e hijas, es decir, nuestras personas amadas, no debieron ser desaparecidos, ejecutados ni torturados. La represión desplegada en contra de comunidades, de familias, de organizaciones e individuos, opositores políticos o no, debió detenerse de manera inmediata e investigada desde hace décadas”.

Radilla Martínez afirmó que crear la Comisión de la Verdad “no es un favor ni una concesión para las familias y los colectivos reunidos en esta ocasión, es una obligación no cumplida por más de 50 años, es una deuda con 95 mil hogares que sufren ausencias de manera forzada, debido a que la impunidad se extendió como virus a todos los rincones del país”.

Sin embargo, dijo que hoy, en Chihuahua “desde esta tierra herida por los feminicidios, los juvenicidios y las desapariciones forzadas”, donde se llevó a cabo la instalación de la Comisión, “reconocemos que nuestras historias de búsqueda y denuncia colectivas han sido escuchadas y retomadas por el presidente López Obrador”.

Demandó a comisionados y comisionadas que el propósito de su misión no sea solo elaborar un informe pues ejercicios académicos como ese ya hay muchos; al presidente, le pidió proporcionar todos los recursos para facilitar esta tarea, y que se centre la mirada en los victimarios, que no pasen 20 años para consignar a los responsables y “no nos obliguen ya, a acudir a instancias internacionales ni nos desgasten en amparos para que una diligencia pueda realizarse”.

“Hoy, reiteramos de nueva cuenta los archivos y las instalaciones militares, en cuyas entrañas desaparecieron la mayoría de nuestros familiares y compañeros, deben ser abiertos. Que nunca más un militar genocida escape de la investigación ministerial y la justicia civil, como Arturo Acosta Chaparro y Francisco Quiroz Hermosillo”.

“Hacemos un llamado amplio para que las autoridades presentes autoricen el presupuesto necesario para recorrer este país buscando a los nuestros. No ahorren en diligencias que debieron realizarse décadas atrás. No son posibles las pesquisas desde los escritorios, sin personal forense especializado, sin la tecnología necesaria y sin la presencia de las familias y sobrevivientes; no se nos juzgue porque demandamos una reparación integral del daño, acorde a los más altos estándares internacionales. En el plan de las reparaciones se refleja la acumulación de generaciones creadas en orfandad, prisión política, exilio e indiferencia del Estado mexicano. Solicitamos lo proporcional a la gravedad de miles de violaciones graves a derechos humanos, ni nada más, pero nada menos. Los sobrevivientes, las familias, somos sujetos, no cosas ni tragedias acumuladas. Esperamos que la dignidad de estas comunidades prevalezca en la realización de los trabajos previstos a lo largo de 50 años. A lo largo de 50 años experimentamos el desprecio, el azote de puertas, el bostezo, la burla, la simulación, la inactividad y un largo etcétera de las peores prácticas gubernamentales”.

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