Propone Marisol Bazán revisar nombres de calles y espacios públicos en Guerrero
- La diputada busca que los municipios informen al Congreso qué autoridades y con qué fundamentos aprobaron las denominaciones que reconocen a personas o personajes públicos
REDACCIÓN /
Chilpancingo, 30 de agosto de 2026. La diputada Marisol Bazán Fernández propuso ante el Congreso del Estado exhortar a los 84 ayuntamientos y al Concejo Municipal de Ayutla de los Libres a informar sobre los nombres de sus calles y espacios públicos, así como los fundamentos legales con los que fueron asignados.
La legisladora del Grupo Parlamentario de Morena explicó que la propuesta busca transparentar los criterios de estas denominaciones y poner fin a la práctica de utilizar el espacio público para perpetuar los nombres de quienes han ocupado cargos de poder. El exhorto fue turnado a la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación para su análisis y dictaminación.
Bazán Fernández sostuvo que nombrar una calle, avenida o plaza no constituye un trámite puramente administrativo, sino una decisión política y simbólica que determina a quiénes se reconoce en la memoria colectiva.
“Cuando el nombre de una persona se incorpora a una calle, avenida o plaza pública, quiere decir que el Estado está otorgando un reconocimiento con una dimensión simbólica y una consecuencia práctica; por eso debe existir una razón pública y, sobre todo, la posibilidad de conocerla”, argumentó.
En ese sentido, señaló la necesidad de atender la Recomendación 98VG/2023 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que plantea revisar los nombres de vías, escuelas y monumentos que rinden tributo a personas señaladas como presuntas perpetradoras de violaciones graves a los derechos humanos durante periodos de violencia política en Guerrero.
La propuesta solicita que las autoridades municipales entreguen, en un plazo de 30 días, un listado detallado de las vías, colonias y plazas públicas que lleven nombres de personas físicas o personajes públicos. También plantea requerir los expedientes, instrumentos legales y actas que permitan conocer qué autoridad aprobó cada denominación y bajo qué fundamentos.
Asimismo, pide a los municipios informar sobre el estado de sus reglamentos en materia de nomenclatura y precisar si requieren expedirlos, actualizarlos o armonizarlos.
Con esta información, el Congreso del Estado contaría con un diagnóstico estatal para evaluar posibles reformas al marco legal que regula la denominación de calles y espacios públicos.
