* Si no se lleva a cabo la Consulta previa, libre, informada y de buena fe, no se puede llegar a la fase de la vigencia de la norma, explicó la diputada Marben de la Cruz Santiago
REDACCIÓN /
Chilpancingo, 19 de mayo de 2022. Para contar con un ordenamiento normativo que permita realizar de manera previa, informada y de buena fe la Consulta sobre cualquier medida legislativa que pueda incidir en los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, diputadas y diputados propusieron una iniciativa de Ley de Consulta de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos del Estado.
En la sesión de este martes, la diputada Marben de la Cruz Santiago (Morena), a nombre también de las diputadas Julieta Fernández Márquez (PRI), Leticia Mosso Hernández (PT), el diputado Bernardo Ortega Jiménez y el resto de integrantes del Grupo Parlamentario del PRD, expuso que esta propuesta es en atención de los parámetros establecidos por los ordenamientos internacionales y los lineamientos señalados en diversas resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Manifestó que por más justificable que sea el plantear una reforma para beneficio de este sector, si no se lleva a cabo la Consulta previa, libre, informada y de buena fe, no se puede llegar a la fase de la vigencia de la norma, ya que SCJN se ha pronunciado en diversos casos del país y en particular en Guerrero.
Precisó que el año pasado el diputado Bernardo Ortega Jiménez y la diputada Leticia Mosso Hernández presentaron iniciativas relacionadas con la consulta a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, hecho por el cual, en reunión con los promoventes, se planteó homologar los tres ordenamientos.
Se acordó reconocer como documento base el Proyecto de Ley de Consulta de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos del Estado de Guerrero, mismo que fue analizado, discutido y aprobado al seno de la Comisión de Asuntos Indígenas y Afromexicanos.
También se acordó solicitar a la Mesa Directiva autorizar la ampliación de plazo para dictaminar las iniciativas de Ley de Consulta de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos del Estado de Guerrero, que fueron turnadas a las Comisiones Unidas de Participación Ciudadana y Asuntos Indígenas y Afromexicanos.
La iniciativa establece que las consultas deben realizarse de buena fe y de una manera apropiada, mediante un diálogo intercultural, a través de sus autoridades representativas y de decisión, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas legislativas o administrativas propuestas.
Además, contempla el deber de los estados de celebrar consultas efectivas con los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, como lo señalan los tratados de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en particular la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
La propuesta se turnó a la Junta de Coordinación Política para que sea consultada y, en su oportunidad, emita el resultado a la Presidencia de la Mesa Directiva.
Iniciativas
El diputado Adolfo Torales Catalán propuso adicionar la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado para definir textualmente el modo en que se deben integrar los Órganos Internos de Control Municipal, así como sus Unidades Técnicas encargadas de desarrollar los diversos procedimientos que la Ley ordena a esta instancia. El documento se turnó a la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación.
A la Comisión de Desarrollo Económico y Trabajo se turnó la iniciativa propuesta por el diputado Masedonio Mendoza Basurto para reformar las Leyes Orgánica del Municipio Libre y Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado, para que las y los comisarios municipales sean considerados como trabajadores de confianza y reciban sus correspondientes salarios, mismos que deberán ser fijados en los respectivos Presupuestos de Egresos de los municipios. Turnada a la Comisión de Desarrollo Económico y Trabajos.
Por su parte, la diputada Jessica Alejo Rayo propuso sancionar de 4 a 8 años de prisión y de 200 a 400 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización a la persona que difunda, transmita, revele, publique, exponga, distribuya, videograbe, comercialice, intercambie o comparta por cualquier medio imágenes, audios, videos o documentos, relacionados con hallazgos, indicios, evidencias, objetos o instrumentos vinculados a un procedimiento penal o a una investigación relacionados con un hecho delictivo.
