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ROBERTO RAMÍREZ BRAVO    /

 

Acapulco, 28 de abril de 2022.

Técnicamente, la interrupción legal del embarazo (ILE) en Guerrero, es una realidad.

Este jueves, la Comisión de Justicia del Congreso local aprobó la iniciativa presentada por la diputada de Morena, Citlali Calixto, después de varios intentos infructuosos por sesionar, que primero se vieron como circunstanciales, pero que luego fueron tomando forma como una dilación deliberada por parte de su presidente, el priista Jesús Parra García.

La jornada es histórica, porque nunca una propuesta para despenalizar el aborto había logrado salir de la Comisión de Justicia, como ocurrió este jueves.

Pero no fue fácil. Al contrario, tuvo un camino azaroso, y desde luego se veía complicado por la oposición abierta de algunos integrantes del Congreso, entre ellos, particularmente, la priista Julieta Fernández Márquez; pero al mismo tiempo se veía relativamente sencillo porque la LXIII Legislatura no tenía mucho margen de oposición ya que se trataba de homologar el código penal ante una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Al comenzar la legislatura, el diputado morenista por Atoyac, Fortunato Hernández Carbajal, presentó una propuesta de iniciativa que había elaborado el grupo feminista Morenas Guerrero. A esta propuesta se sumaron diputadas de Morena, como Beatriz Mojica y Citlali Calixto, y finalmente fue esta última quien presentó ya la propuesta general de la fracción.

Ya con el tema avanzado, el principal obstáculo fue lograr que el proyecto saliera de la Comisión de Justicia, que es la primera que tendría que aprobarlo, para que posteriormente el pleno haga la discusión y votación final. Pero, virtualmente, la iniciativa se fue a la congeladora. El presidente, el priista Jesús Parra, hizo todo lo posible por retrasarla. Primero, que no se juntaba el quorum que porque los diputados andaban en campo impulsando la consulta indígena y afromexicana; luego, que la secretaria de la Comisión, la diputada Beatriz Mojica, había pedido licencia temporal para apoyar la consulta sobre la revocación de mandato; después, que algún otro tema.

Pero cuando Mojica regresó a la curul, quedó claro que en realidad todo era dilación. Habían pasado dos meses de que se había presentado, cuando por normatividad debió dictaminarse en 30 días. Así que se reunieron Mojica Morga, en su carácter de secretaria; su compañera morenista Estrella Bernal, como vocal; y el perredista Bernardo Ortega, también como vocal de la Comisión de Justicia, y la primera convocó a la sesión que no había convocado el presidente. La ley orgánica establece que la comisión puede ser citada en ausencia del presidente, si la mayoría de los integrantes así lo deciden. En este caso, la comisión se compone por cinco legisladores, y tres estaban de acuerdo.

Por eso la denuncia pública que hizo el presidente Parra García, acompañado de la vocal Ana Lenis Reséndiz Javier, panista, en el sentido de que la sesión de hoy careció de validez, y el anuncio de que citará a nueva sesión sobre el mismo tema, no tienen ningún valor jurídico.

Lo que procede ahora, es que la Junta de Coordinación Política (Jucopo), reciba de la Comisión de Justicia el dictamen, y lo turne al pleno para su discusión, aprobación o rechazo. Y ya en ese momento, el escenario probable es que terminará siendo aprobado y, ahora sí, legalmente se podrá interrumpir el embarazo sin que la mujer tenga que dar ninguna explicación, siempre que se haga durante las 12 primeras semanas de gestación.

En el fondo, el tema está más que cantado. En la Ciudad de México, por ejemplo, la interrupción del embarazo es legal desde hace 15 años y no ha disparado el número de abortos y en cambio sí ha disminuido las muertes maternas. En Guerrero las mujeres siguen muriendo por partos normales, y con más razón por abortos mal ejecutados.

Con la iniciativa, una mujer podrá interrumpir el embarazo sin tener que justificar la causa, dentro de las 12 semanas; y después de ese término, solo en caso de violación, pero bastará con su palabra para ser atendida.

Por si no bastara el argumento de que permitir la interrupción del embarazo evita muertes de mujeres, hay algo que las diputadas y diputados no pueden eludir: están obligados, por mandato de la Suprema Corte, a legislar como lo plantea la iniciativa. Parecería que es una propuesta propia de un partido o de unas diputadas, pero en realidad, se trata, simplemente, de cumplir una disposición ya revisada por el máximo tribunal del país.

De todas maneras, en la sesión del pleno donde se discuta el dictamen, el voto seguirá siendo libre. Hasta el momento la iniciativa cuenta con el apoyo de toda la fracción de Morena, que es mayoría; de la del PRD, que la ha respaldado; y algunas sorpresas previsibles dentro del PRI. Por ejemplo, no se espera que la presidenta de la Comisión de Equidad de Género, la priista Gabriela Bernal, vote contra la iniciativa, máxime cuando figuras priistas nacionales apoyan la ILE, como Claudia Ruiz Massieu.

No será cosa de trámite, pero el primer paso ya está dado.

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