Congreso de Guerrero avala Plan B de la reforma electoral impulsada por Sheinbaum
- Establece topes salariales, reducción de gasto legislativo y ajustes en ayuntamientos
REDACCIÓN /
Chilpancingo, 9 de abril de 2026. El Congreso del Estado de Guerrero aprobó por mayoría la minuta de reforma constitucional en materia electoral enviada por el Congreso de la Unión, como parte del paquete impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con el objetivo de ajustar el uso de recursos públicos y la estructura de instituciones electorales y de gobierno.
Con esta votación, Guerrero se coloca entre los primeros congresos locales en avalar la propuesta, que incluye modificaciones a diversos artículos de la Constitución federal.
Durante la sesión, la presidenta de la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos, diputada Gloria Citlali Calixto Jiménez, señaló que los cambios buscan eliminar “estructuras de privilegio” y redirigir el gasto público hacia sectores prioritarios.
Entre los puntos centrales, la reforma al artículo 134 establece que consejeros y magistrados electorales locales no podrán percibir salarios superiores al del Ejecutivo federal. Además, se plantea limitar el número de regidurías y sindicaturas en los ayuntamientos mediante ajustes al artículo 115, con la intención de reducir costos en gobiernos municipales.
En el ámbito legislativo, la modificación al artículo 116 fija un tope presupuestal para los congresos locales equivalente al 0.70 por ciento del gasto estatal, con el argumento de evitar excesos en el ejercicio del gasto.
La reforma también incorpora el principio de paridad de género en la integración de ayuntamientos y legislaturas, así como el uso de lenguaje incluyente en la redacción constitucional.
A favor del dictamen se pronunciaron legisladores de Morena, PVEM, PRD, PT y Movimiento Ciudadano, mientras que representantes del PRI y PAN votaron en contra, al advertir posibles implicaciones en la autonomía de las instituciones.
El dictamen sostiene que las modificaciones son compatibles con tratados internacionales en materia de transparencia y combate a la corrupción, y plantea que los ajustes buscan una “optimización” del diseño institucional del Estado.
