* La Red Solidaria Década Contra la Impunidad exigió que deje dar plazos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
ROBERTO RAMÍREZ BRAVO /
Acapulco, 25 de agosto de 2020. La Red Solidaria Década Contra la Impunidad acusó al Estado mexicano de no tener voluntad política para hacer justicia en el caso del asesinato del activista Arturo Hernández Cardona, asesinado en Iguala en 2013.
En conferencia de prensa, Magdalena López Paulino y Armando Vanegas, de la Red, el teólogo Fray Julián Cruzalta, el abogado Ernesto Rodríguez Cabera, quien está a cargo del caso, y la hija de Hernández Cardona, Soledad Hernández Mena, explicaron que a pesar de tratarse de un caso emblemático de la suerte que corren los activistas y defensores de derechos humanos en México, persisten las irregularidades y omisiones, entre estas últimas, el hecho de que el Estado mexicano ni siquiera muestra interés en presentar el informe que le requiere la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“No creemos que haya voluntad política por parte del Estado mexicano, porque en 2014 la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió las medidas cautelares 185-13 y estas medidas cautelares han sido cumplidas a medias: no se le ha dado la total protección a la señora Soledad Hernández Mena, por ejemplo. Entonces no vemos que el Estado mexicano quiera cumplir lo mandatado por al CIDH en relación a los tiempos que le está dando para responder. Lamentablemente, esa es la respuesta que está dando el Estado mexicano a este y a otros casos que venimos acompañando”, señaló Hernández Paulino.
A su vez, Cruzalta Aguirre mencionó que “el Estado es donde vemos que no hay voluntad política de avanzar en este caso”, ya que por ejemplo, no ha dado las condiciones de seguridad al testigo Nicolás Mendoza Villa, para que ratifique en el juzgado de Tamaulipas su declaración sobre el asesinato.
Hernández Cardona fue desaparecido en 2013 en la carretera entre Chilpancingo e Iguala cuando volvía de un mitin de protesta contra el entonces alcalde José Luis Abarca Velázquez. Él y varios de sus compañeros fueron asesinados y sus cuerpos encontrados posteriormente, pero Mendoza Villa logró escapar y rindió su testimonio primero ante un notario público y luego en la entonces Procuraduría de Guerrero y solo falta ratificarlo ante el juzgado de Tamaulipas donde está radicado el caso, lo que no ha hecho porque el gobierno federal le retiró la seguridad, y no hay condiciones para presentarse en un estado controlado por la delincuencia organizada.
Hernández Mena, por su parte, señaló que poco tiempo antes de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el entonces procurador Iñaki Blanco Cabrera hizo detenciones en Puebla y el Estado de México, que podrían estar relacionadas con ambos casos, el de los normalistas, y el del asesinato de su padre, por lo que pidió que se vinculen las dos investigaciones.
El abogado Rodríguez Cabrera señaló que el Estado mexicano fue emplazado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a entregar un informe sobre este caso, en un plazo de tres meses que venció el 13 de agosto, pero no cumplió; entonces se le ofreció otro plazo de un cuarto mes que vence el 13 de septiembre, por lo que pidió que no se le otorguen más plazos para que cumplir con lo que es su obligación. Dijo que en caso de incumplimiento, el caso tendría que pasar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En relación con la posible obtención de un amparo por parte del ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, o de su esposa María de los Ángeles Pineda, que han difundido los medios recientemente, explicó que ella no está acusada en el caso de Hernández Cardona, por lo que su eventual liberación es ajena al tema, y él tiene otras acusaciones que son a las que se podrían referir los amparos. Por el caso de Arturo Hernández, precisó López Paulino, Abarca tiene que seguir todavía en prisión.
