El aplazamiento de la elección judicial y la integridad rumbo a 2027
EN ESTADO CRÍTICO
MARIELA DÍAZ SANDOVAL /
Acapulco, 2 de junio de 2026. El 31 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó su informe nacional en el Monumento a la Revolución. En este evento, además de destacar los logros de su gobierno, Sheinbaum enarboló la defensa de la soberanía nacional frente a la oposición, a la que llamó “entreguista”, mientras que sobre el gobierno de Estados Unidos señaló que la cooperación no es subordinación ni sometimiento. Tan solo un día antes, en un evento organizado en Chihuahua al que llamaron #YoConMaru, el PAN congregó a sus principales liderazgos, destacando la presencia de los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón. Ambos bloques se aglutinaron en torno a las mismas preocupaciones, aunque con distinto contenido simbólico y discursivo: el rediseño de los pesos y contrapesos, el intervencionismo de fuerzas extranjeras y el crimen organizado.
Esta dinámica conflictiva no debe analizarse al margen del reciente proceso legislativo en el Congreso de la Unión, pues en este espacio se discutieron tres iniciativas relevantes que impactan el diseño institucional en las arenas electoral y judicial. La de aplazamiento de la elección judicial y la de integridad de las candidaturas (que forma parte de la reforma electoral) fueron enviadas por la presidenta, mientras que Ricardo Monreal presentó la iniciativa de reforma al artículo 41 constitucional para incorporar la intervención extranjera como factor de nulidad de la elección.
En el Legislativo, el primer punto de tensión fue el aplazamiento de la elección judicial a 2028. Aunque fue aprobada, el PRI, el PAN y Movimiento Ciudadano destacaron los errores del proceso de 2025 (la complejidad de la votación, junto con la falta de información sobre los perfiles). Aplazar la elección permite aseverar que el proceso de 2025 presentó limitaciones que merecen subsanarse. No obstante, los riesgos serán no asegurar una mayor cercanía de la ciudadanía con el proceso electoral, así como mantener candados débiles que eviten la interferencia política, gubernamental y del crimen organizado.
El segundo punto conflictivo fue la iniciativa presidencial para verificar la integridad de los candidatos, con la que se dispone la creación de la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas en el INE. Las acusaciones contra Rubén Rocha Moya son solo la punta del iceberg, pues se ha documentado la captura de cargos de elección por parte del crimen organizado en los distintos niveles de gobierno, la cual involucra a todos los partidos políticos. Sobre esta iniciativa, la preocupación es política y técnica al atribuirle más funciones de fiscalización al INE sin reglas claras. La iniciativa aprobada establece el carácter voluntario de la entrega de las listas al INE, lo que deja espacio a la discrecionalidad e, incluso, a que las dirigencias partidistas usen las reglas contra los disidentes.
Finalmente, la tercera iniciativa sobre la nulidad de la elección forma parte de la misma disputa política. Esta iniciativa es una respuesta a lo acontecido en Chihuahua con la presunta participación de agentes de la CIA en territorio nacional. Aunque fue aprobada, requiere la discusión de leyes secundarias para hacerla aplicable a 2027, además de especificar con claridad qué se entenderá por intervención extranjera.
Desde que asumió la Presidencia, el 1 de octubre de 2024, Sheinbaum ha buscado consolidar una profunda metamorfosis del régimen político. Lo que está en juego es que las reglas no dejen oportunidad a la discrecionalidad. Contar con un mayor número de escaños no se traduce en una mayor eficiencia legislativa ni en diseños institucionales fuertes, por lo que en distintos episodios hemos visto los límites de la coalición para concretar el rediseño efectivo de las reglas de juego.
Finalmente, la prueba de fuego será el proceso de 2027.
