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REYNA HAYDEE RAMÍREZ   /

Ciudad de México, 30 de octubre de 2019.  Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró a indígenas Guarijíos de Sonora que la presa Bicentenario Los Pilares no se terminaría sin su consentimiento, la Semarnat ya autorizó la Manifestación de Impacto Ambiental sin realizar una consulta a la comunidad desde el 3 de octubre pasado.

“Como aquí lo mencionó la gobernadora (Claudia Pavlovich), va a depender de ustedes, de los Guarijíos, porque no se va a imponer nada, ¿Qué decía el presidente Juárez? Nada por la fuerza, todo por la razón y el Derecho”, dijo López Obrador el fin de semana pasado y el pueblo le aplaudió.

Los Guarijíos que se oponen a la presa no tuvieron acceso al presidente en su reciente gira por Sonora, pero el mandatario se refirió a la obra que tiene enfrentado al pueblo desde el 2013, durante su discurso en San Bernardo de Álamos.

Sonora fue el segundo estado que López Obrador visitó en su gira “Diálogo con los pueblos Indígenas”.

MIA sin consulta

Al parecer el presidente desconoce que entre agosto y septiembre, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) revisó, evaluó y declaró procedente la Manifestación de Impacto Ambiental, con el aval por escrito del gobierno de Sonora y sin consultar al pueblo inconforme.

La MIA también cuenta con el aval de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El trámite se inició el 8 de agosto. El 4 de octubre, a través de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), la Semarnat notificó la autorización de la MIA a Inmobiliaria Canoras SA de CV, mediante oficio SGPA/DGIRA/DG/07778.

El documento está firmado por Salvador Hernández Silva, director de área, encargado de la DGIRA, en ausencia del titular que no ha sido nombrado desde que inició la administración de López Obrador.

“Esta DGIRA en el ejercicio de sus atribuciones, determina que el proyecto, por lo que respecta al ámbito federal objeto de la evaluación que se dictamina con este instrumento, es ambientalmente viable y, por lo tanto, ha resuelto AUTORIZARLO DE MANERA CONDICIONADA (sic)”, se lee en el oficio.

Las condicionantes refieren a reforestación y otras acciones relacionadas con el medio ambiente.

Ordena tribunal realizar consulta

En febrero de 2019, un Tribunal Colegiado resolvió a favor de los Guarijíos y ordenó a la Semarnat vigilar que empresa realizara la consulta que no se hizo en 2012.

La obra comenzó su construcción sin la consulta correspondiente a los pobladores afectados.

El 13 de agosto, sin embargo, la empresa envió un oficio a la DGIRA donde afirma que los Guarijíos renunciaban a la consulta, pues estaban conformes con las explicaciones previas.

“Nos encontramos conformes y de acuerdo en que se realice esa construcción.

“Pedimos se nos respete nuestra decisión de renunciar a la consulta indígena”, indica el escrito que validó la Semarnat.

La Semarnat también tomó en cuenta un oficio de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas (CEDIS), del gobierno de Sonora, donde se asegura que se llevó a cabo una consulta el 8 de septiembre y que fue positiva porque se realizó sin violar los derechos de la etnia que se pronunció a favor de la obra.

Con este ejercicio, se indica, se cumple con la obligación de realizar la consulta a la que hace referencia el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

Los Guarijíos inconformes con la obra denunciaron que no fueron tomados en cuenta por la supuesta consulta realizada por el gobierno de Sonora. En una carta al presidente denuncian que no se dio cumplimiento al fallo del Tribunal Colegiado.

 Gobierno de Sonora impulsa la presa

Con la MIA autorizada, la empresa reactivó la construcción que había comenzado sin tener los permisos completos. A decir de los pobladores que se oponen, los obreros trabajaban a marcha forzada, día y noche, pues pretenden terminarla para diciembre de este año. Pero la visita de López Obrador logró frenarla temporalmente.

La presa Bicentenario es un proyecto impulsado por dos administraciones estatales. Inició en 2012 con el ex gobernador panista Guillermo Padrés Elías y continúo los últimos cuatro años con la priista Claudia Pavlovich Arellano.

El pasado fin de semana, en su discurso, Pavlovich no dijo nada de que la MIA ya estaba autorizada, pero argumentó que la presa se debe terminar, para que no haya sequía ni inundaciones.

“Es importante la infraestructura, que la gente, con el respeto que se debe tener a ellos, y lo que ellos decidan, se termine la presa Pilares, si ellos así lo quieren.

“Es una obra que… (sic)le ha costado mucho, no sólo a ellos, sino a los sonorenses, que esté maquinaria ahí parada, que esté gente ahí sin trabajar, hemos perdido más de 3 mil millones de pesos cada vez que se vienen las aguas y que también se va la gente con sus casas”, dijo la mandataria sin dar detalles.

Sin “Diálogo con los Pueblos Indígenas”

Los Guarijíos que se oponen a la construcción de la presa no fueron invitados al evento del López Obrador en el llamado “Diálogo con los Pueblos Indígenas”.

Sin embargo, José Romero, de la colonia Macurahui, viajó a Etchojoa y logró entregarle una carta al presidente en sus manos previo al encuentro con indígenas Mayos.

En el documento, los Guarijíos le advierten que no están contra el progreso, pero explican que la construcción de la presa no sólo los desplaza sino aumenta el riesgo de extinción de la etnia, de 2 mil habitantes.

Destacó que el gobierno estatal y municipal se han encargado de dividir a los Guarijíos por la construcción de la presa.

“Las autoridades estatales y municipales han usado a sus representantes para manipular la cesión de derechos para la obra, y para firmar todo tipo de acuerdos ilegales, a cambio de dinero.

“Nuestros representantes y autoridades tradicionales han sido amenazados y extorsionados por los operadores de la empresa constructora y por las autoridades del Ayuntamiento desde 2013”, indica el escrito.

En entrevista telefónica, José se muestra impotente porque entregaron el escrito, pero no pudieron hablar con el presidente para informarle de las afectaciones que les traerá la construcción.

“No va a quedar nada”

“No va a quedar nada, pero nada, ni aguaje, ni árboles que dan fruta, terrenos de siembra, todo va a quedar adentro”, lamentó.

De acuerdo con el oficio que entregó la Comisión Estatal del Agua se indica que el proyecto inició en 2012 y contempla la construcción de una presa que incluirá una cortina, obra de desvío, obra de toma, vertedor de demasías, con una elevación de 231.23 metros.

El embalse tendrá una capacidad de 409.939 hm3, y una superficie de inundación de aproximadamente 2 mil 760.04 hectáreas.

“En el área a desarrollar la obra y su embalse, se localizan cinco comunidades de la etnia Guarijía, de las cuales sus gobernadores Tradicionales ACEPTAN totalmente la obra al igual que sus representados”; se indica en el documento de la CEA.

El presidente dijo también que está comprometido con la gobernadora Claudia Pavlovich para aportar los 600 millones de pesos que faltan para terminar la presa, que según el Estado está al 85 por ciento de su construcción.

“Quiero regresar a inaugurar la presa, si ustedes así lo deciden”, dijo a los asistentes el fin de semana.

Cortesía: https://piedepagina.mx/

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